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El operativo migratorio en San Juan, liderado por ICE, intensifica el debate entre las autoridades locales y el gobierno federal, dejando a la comunidad puertoriqueña en incertidumbre.
Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se ejecutó en el Barrio Obrero, San Juan, como parte de la nueva política migratoria de Donald Trump. Esta acción, dirigida hacia la comunidad indocumentada, especialmente dominicana, ha generado críticas locales y preocupación entre los residentes, dejando en evidencia las tensiones entre autoridades municipales y federales.
El alcalde de San Juan, Miguel Romero, reiteró su postura de no colaborar con las autoridades federales en estas intervenciones. A través de un comunicado, enfatizó que la Policía Municipal no participará en operativos que afecten a los residentes sin pruebas claras de delitos graves. Al mismo tiempo, aseguró que su administración ofrece orientación y asistencia a quienes enfrentan esta crisis.
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Las prioridades del operativo según ICE
Desde el ICE se argumenta que estas acciones están dirigidas principalmente a criminales convictos y personas bajo investigación federal. El secretario de Gobernación, Francisco Domenech, respaldó este enfoque, subrayando la necesidad de diferenciar entre aquellos con antecedentes penales y los residentes sin documentación, pero con vínculos legales y sociales en Puerto Rico.
A pesar de estas declaraciones, los detalles del operativo no han sido transparentes. ICE aún no ha publicado cifras oficiales de detenciones, lo que ha incrementado la incertidumbre. Paralelamente, el gobierno de Jenniffer González trabaja con el gobierno federal para explorar alternativas como visas de trabajo, con la intención de brindar opciones legales a los inmigrantes en situación vulnerable.
Impacto en la comunidad dominicana
El Barrio Obrero, un enclave conocido por su alta concentración de residentes dominicanos, ha sido históricamente un espacio donde la inmigración y las dinámicas culturales convergen. Este operativo no solo reaviva temores entre los indocumentados, sino que también afecta la estabilidad de toda la comunidad. Líderes locales han comenzado a organizar encuentros informativos para ofrecer apoyo emocional y orientación legal frente a esta situación.
La política migratoria de Trump sigue teniendo un impacto profundo en Puerto Rico, donde el estatus único de la isla como territorio estadounidense complica aún más los procesos legales para los inmigrantes. Mientras tanto, organizaciones sociales y líderes municipales buscan estrategias para minimizar los efectos adversos de estas políticas en los sectores más vulnerables.
La situación en Barrio Obrero no solo pone en evidencia la lucha de los residentes por sus derechos, sino también el desafío que enfrentan las autoridades locales para equilibrar sus políticas con las directrices federales.
Créditos vídeo: YouTube | @noticias.
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