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por Redacción USA
·Buscan revertir una ley que deja sin medicación vital a muchos inmigrantes. ¿Podrá esta demanda cambiar el rumbo de la salud pública en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el acceso a servicios de salud sigue siendo un tema sensible y muchas veces polémico, especialmente cuando se trata de personas en situación migratoria irregular. A medida que cambian las leyes y políticas estatales, surgen nuevas tensiones sobre quién tiene derecho a recibir ciertos beneficios, en especial cuando está en juego la salud y el bienestar de cientos de personas.
Recientemente, una iniciativa legal en uno de los estados del país ha captado la atención de médicos, activistas y defensores de los derechos civiles. La razón: una medida que podría dejar sin tratamiento médico a quienes más lo necesitan, simplemente por no contar con papeles. Frente a esto, un grupo de ciudadanos decidió actuar, y su caso ya llegó a la justicia federal.
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Esta demanda busca darle beneficios a indocumentados en USA
En medio de un creciente debate nacional sobre el acceso a la salud y los derechos de los inmigrantes, una nueva ley en Idaho encendió las alarmas de médicos, organizaciones civiles y pacientes. La normativa, que entrará en vigencia a partir del 1 de julio, limita el acceso a beneficios públicos para personas indocumentadas, incluso cuando se trata de condiciones médicas graves como el VIH. Por ello, un médico y cuatro residentes del estado han presentado una demanda federal con la esperanza de frenar su implementación.
Según reportó CBS, la ley fue impulsada tras una orden del presidente Donald Trump que exige comprobar la residencia legal para acceder a ciertos servicios. Aunque aún permite la atención en emergencias, excluye enfermedades crónicas, dejando fuera a personas con diagnósticos que requieren tratamientos constantes. En este contexto, los demandantes buscan que la justicia amplíe el fallo a todos los migrantes afectados, evitando interrupciones en tratamientos vitales.
La demanda fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Idaho, en representación de la doctora Abby Davids y cuatro personas con VIH cuya identidad se protege por razones de seguridad. Los abogados argumentan que la ley es confusa, choca con regulaciones federales y pone en aprietos a los proveedores de salud, que no siempre pueden confirmar el estatus migratorio de sus pacientes. Esto genera barreras que podrían tener un costo humano muy alto.
Además, el escrito judicial enfatiza que retirar el acceso a los medicamentos no solo pone en peligro la salud de quienes viven con VIH, sino que también representa un riesgo para la salud pública. Con tratamiento, muchas personas logran una carga viral indetectable, lo que impide la transmisión del virus. Sin ese control, la situación puede revertirse y tener consecuencias serias. La demanda busca frenar esa amenaza antes de que sea demasiado tarde.
Las huellas que dejaron los papas en el Perú
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