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ICE está utilizando herramientas para rastrear transferencias bancarias superiores a U$D 500 entre EE.UU. y México, generando preocupaciones sobre la privacidad y derechos civiles.
Las políticas migratorias de Donald Trump siguen generando controversia, y uno de los métodos que ha trascendido recientemente es el rastreo de transferencias bancarias para identificar a inmigrantes. A través del Centro de Análisis de Registros de Transacciones (TRAC, por sus siglas en inglés), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) puede acceder a información detallada sobre millones de transferencias de dinero entre Estados Unidos y México, el país con más migrantes hacia el norte.
Este sistema permite a ICE acceder a los registros bancarios sin necesidad de una orden judicial, lo que genera preocupaciones sobre la privacidad de los inmigrantes. Desde 2018, ICE ha sido el principal usuario de esta herramienta, e incluso financió su funcionamiento en 2019. A través de TRAC, las autoridades pueden rastrear transacciones desde zonas fronterizas hasta estados del sur de Estados Unidos, obteniendo datos como nombres y direcciones de remitentes y destinatarios.
Este método ha reforzado las capacidades de control migratorio, aunque también ha intensificado el debate sobre el alcance de la vigilancia estatal.
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Cómo el ICE rastrea a migrantes mediante transacciones bancarias
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha implementado una estrategia para identificar a migrantes indocumentados mediante el monitoreo de transacciones bancarias superiores a U$D 500. Este rastreo se realiza especialmente en las zonas fronterizas de Arizona, California, Nuevo México y Texas, donde se concentra una gran parte de las transferencias desde y hacia México.
Este programa ha sido fuertemente criticado por organizaciones defensoras de los derechos civiles, como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). La ACLU señala que esta práctica pone en riesgo la privacidad de los individuos y permite al gobierno recolectar información de manera injustificada sobre la vida cotidiana de millones de personas.
Además, advierten que esta forma de vigilancia masiva podría erosionar derechos fundamentales como la libertad de expresión y afectar la democracia. Según los opositores, este tipo de monitoreo no solo es invasivo, sino también una sobreextensión del poder gubernamental.
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