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Camila Ramos fue detenida a la fuerza tras exigir claridad sobre una norma que limita la participación en los debates migratorios del condado.
Una defensora de derechos civiles fue arrestada violentamente durante una sesión de la Comisión del condado de Miami-Dade, luego de pedir explicaciones sobre una medida que limita la intervención ciudadana en los debates. La audiencia trataba sobre una polémica propuesta para que las cárceles del condado colaboren activamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Camila Ramos, de 36 años, intentó solicitar la palabra para entender mejor las restricciones impuestas por el presidente de la Comisión, Anthony Rodríguez. Sin embargo, tras desobedecer la orden de un agente de guardar silencio, fue rodeada por oficiales del Sheriff, quienes la sacaron del lugar aplicando fuerza. Testigos aseguraron que Ramos fue golpeada con un cartel del recinto mientras era inmovilizada, lo que generó indignación entre los presentes.
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Comienzan los gritos y las grabaciones en plena sesión
El incidente se desarrolló ante los ojos de decenas de asistentes, varios de los cuales comenzaron a gritar “¡déjenla hablar!” al ver cómo los oficiales empujaban y arrastraban a Ramos. En medio del forcejeo, la activista exclamaba desesperadamente: “¡Suéltenme! ¡Solo quiero hacer una pregunta!”. Parte del público decidió grabar la escena con sus celulares, lo que permitió que el arresto se viralizara rápidamente en redes sociales.
Tras el arresto de Ramos, algunas personas salieron del recinto para seguir a los agentes. De acuerdo con reportes locales, esto derivó en nuevas detenciones fuera del edificio, mientras los manifestantes exigían explicaciones sobre el accionar policial. Las grabaciones se compartieron masivamente en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, acompañadas de críticas al trato recibido por la activista.
La propuesta que genera polémica en Miami-Dade
La reunión, realizada en el Centro Stephen P. Clark, buscaba debatir si las cárceles del condado deberían retener hasta por 48 horas a inmigrantes sin papeles que sean capturados en operativos del ICE. La medida contempla un incentivo económico: el gobierno federal ofrecería U$D 50 por cada persona alojada por las instituciones penitenciarias locales. La propuesta ha sido respaldada por sectores que apoyan la política migratoria de Donald Trump.
Precedentes en otros estados y reacción ciudadana
La colaboración entre autoridades locales y agencias federales migratorias no es nueva en Estados Unidos. En años recientes, varios estados han implementado medidas similares, a tono con el endurecimiento de las políticas impulsadas por el presidente Trump. Sin embargo, estas acciones han generado protestas, demandas y reacciones en defensa de los derechos civiles, especialmente en comunidades latinas e inmigrantes.
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