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La administración Trump recurre a la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar la deportación de venezolanos detenidos, sin seguir los procedimientos migratorios convencionales.
La administración de Donald Trump está intensificando las deportaciones de inmigrantes, especialmente de venezolanos, bajo la controversial Ley de Enemigos Extranjeros. Esta ley permitiría la expulsión rápida de personas detenidas en centros de inmigración sin tener que pasar por los procedimientos tradicionales de deportación, lo que ha generado una fuerte alarma entre defensores de derechos civiles y abogados que asisten a los inmigrantes.
Los críticos argumentan que esta medida podría vulnerar derechos fundamentales al eliminar las salvaguardias legales, como las audiencias de deportación y el derecho a solicitar asilo. Además, la falta de transparencia en los procesos ha aumentado la preocupación sobre la posible deportación de personas que no tienen antecedentes criminales ni representan una amenaza para la seguridad nacional.
Mientras tanto, las organizaciones humanitarias exigen garantías legales para asegurar que los inmigrantes no sean tratados de manera injusta ni expuestos a riesgos sin la debida representación legal.
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La administración de Donald Trump ha recurrido a la Ley de Enemigos Extranjeros, una medida que no se utilizaba desde conflictos bélicos de gran escala, para agilizar la deportación de migrantes venezolanos en EE.UU. Esta decisión ha encendido las alarmas de defensores de derechos civiles y abogados especializados en inmigración, ya que los detenidos podrían ser expulsados sin pasar por los procedimientos migratorios tradicionales.
Un caso reciente en un tribunal federal de Pensilvania ha puesto en evidencia la aplicación de esta ley. Un venezolano detenido podría ser deportado sin audiencia previa, debido a presuntos vínculos con el grupo criminal Tren de Aragua. Aunque aún no se ha confirmado la deportación, el gobierno insiste en que tiene autoridad para proceder rápidamente si se demuestra dicha conexión.
La jueza Stephanie Haines, nominada por Trump, presidió la audiencia, donde se discutió la posibilidad de enviar al detenido a una prisión de alta seguridad en El Salvador.
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