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La suspensión fue anunciada por el Departamento de Estado como parte de una revisión de seguridad que incluye el análisis de redes sociales.
El martes 27 de mayo, el Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) suspendió temporalmente la programación de nuevas citas para las visas J, F y M, documentos clave para estudiantes internacionales y visitantes de intercambio. Esta medida no cancela visas vigentes, pero sí impide nuevos agendamientos hasta nuevo aviso, lo que ha generado preocupación entre familias, instituciones y empresas.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la pausa se implementó para revisar las operaciones actuales en torno a estos procesos migratorios, en especial con miras a una verificación ampliada de redes sociales. La nueva política requerirá que todos los solicitantes de estas visas sean evaluados bajo este criterio antes de obtener la aprobación.
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Impacto económico y educativo por la suspensión de visas
La decisión afecta directamente a estudiantes de secundaria, universitarios, familias que emplean servicios de au pair y programas de formación laboral o investigación científica que dependen de las visas J. La Alianza para el Intercambio Internacional, organización sin fines de lucro, advirtió que la falta de estudiantes extranjeros podría representar pérdidas anuales superiores a los U$D 43 800 millones para la economía estadounidense.
Además, según esta misma fuente, casi 400 mil empleos que se generan cada año gracias a la presencia de estudiantes y participantes de intercambio podrían verse en riesgo si la suspensión se extiende más allá de lo previsto por el gobierno federal.
Duración incierta y obstáculos legales
Aunque el Departamento de Estado ha indicado que esta pausa no se prolongará por semanas ni meses, lo cierto es que la implementación del nuevo sistema de verificación podría tomar más tiempo. Se debe diseñar un manual de aplicación y capacitar al personal consular para llevar a cabo las evaluaciones en redes sociales, lo cual podría demorar la reanudación del servicio.
En cuanto a la posibilidad de frenar la medida mediante demandas legales, expertos indican que es poco probable. Los tribunales estadounidenses han fallado en el pasado contra recursos legales que intentaron anular decisiones del Departamento de Estado relacionadas con procesos realizados fuera del territorio estadounidense, lo que complica el panorama jurídico para los afectados.
La comunidad educativa y científica se mantiene alerta, mientras organizaciones especializadas llaman al diálogo para evitar consecuencias a largo plazo que comprometan el liderazgo académico y profesional de Estados Unidos en el mundo.
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Martha Seminario Rubio Periodista
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