Uno de cada tres limeños padece alguna enfermedad mental a lo largo de su vida

El Poder Ejecutivo solo brinda 0.1% de todo su presupuesto a la salud mental, según información proporcionada por la oficina de Lima de la Defensoría del Pueblo.

Este porcentaje presupuestal resulta grave cuando se sabe que uno de cada tres ciudadanos en Lima, como a nivel nacional, sufren de algún problema de salud mental a lo largo de su vida, pero solo dos de cada diez personas reciben tratamiento, de acuerdo con María Isabel León, comisionada del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

A nivel de Lima Metropolitana existen tres grandes hospitales que atienden a ciudadanos con algún problema de su salud mental: el Hospital Hermilio Valdizán, el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y el Hospital Víctor Larco Herrera. Sin embargo, la atención especializada en salud mental de la capital se ha descentralizado.

De acuerdo con León de la Defensoría del Pueblo, desde el 2015 el Ministerio de Salud (Minsa) recibe un presupuesto especial del Ministerio de Economía para que los hospitales generales tengan una Unidad de Hospitalización de Salud Mental y Adicciones.

La recuperación del paciente debe ser con su familia

Aparte del problema del presupuesto, otra dificultad del servicio público de salud mental es el tratamiento de los pacientes, el cual se basa en “un sistema intramural manicomial que consiste en un internamiento prolongado que en algunos casos supera los 70 años”, según señala un comunicado oficial de la Defensoría del Pueblo.

El nuevo modelo, señala la experta, consiste en atender ambulatoriamente a las personas que necesiten alguna consulta en las unidades especializadas en salud mental. Máximo se les puede mantener en un establecimiento de salud hasta 45 días, en caso se necesite ese internamiento.

“Luego el paciente debe convivir con su familia. Sin embargo, siempre debe haber un profesional de la salud mental que debe hacer seguimiento al progreso del paciente, pero es necesario que vuelva con sus seres queridos porque se ha demostrado que mantenerlo internado le hace más daño”, manifiesta León.

Personal de la Defensoría del Pueblo visitó los tres grandes hospitales señalados párrafos arriba a finales del 2018 y la regla del no internamiento aún no se cumple. “Existen 214 personas internadas en los hospitales Valdizán, Larco Herrera y el Noguchi. Esto debe cambiar”, afirmó.