Nueve de cada diez limeños no se sienten seguros en su ciudad

Para los peruanos, la inseguridad peruana es en la actualidad el problema más urgente del país. Así lo evidencian diversos estudios, que además demuestran que es un tema que cada vez genera más preocupación. En 2012, el Barómetro de las Américas –un estudio que se realiza en toda la región– señalaba que el 30,3% de los peruanos consideraba a la seguridad como el principal problema del país. Por entonces, la economía era el mayor tema de preocupación, con 42,7% de las menciones. Cuatro años después, en 2014, el mismo estudio mostró una realidad diferente: el 46,7% mencionaba a la seguridad como el principal problema, y la economía había quedado relegada al segundo lugar, con 28,4%.

La inseguridad no es solo una percepción, es antes que nada una realidad. Los niveles de victimización en el Perú están en alza: el último estudio realizado por el INEI señaló que nada menos que 30% de los peruanos declara haber sido víctima de algún hecho delictivo en los últimos doce meses. Este nivel está por encima del de otros países de la región, como México, Colombia y Brasil, según evidencia un estudio de Ipsos Perú realizado el año pasado. La media latinoamericana se encuentra en 23%.

Es bien sabido que el incremento de los delitos conlleva un incremento de la percepción de inseguridad, también entre las personas que no han sido víctimas. No debe sorprender, por ese motivo, que Ipsos Perú también haya encontrado que, en la actualidad, nueve de cada diez limeño se sientan inseguros en su ciudad. Perfectamente comprensible si se toma en cuenta que, de acuerdo con el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, en Lima se producen un promedio de 250 robos cada día.

Las estadísticas dan cuenta de una realidad preocupante. Pero la percepción de inseguridad no se explica únicamente por la cantidad de asaltos y robos que se producen cada día en el país. Similar peso tiene la sensación generalizada de impunidad: es decir, el entendimiento por parte de los ciudadanos de que los delitos quedan mayormente impunes. Es responsabilidad de las autoridades inspirar confianza en el funcionamiento de las instituciones encargadas de brindar seguridad e impartir justicia. Ese es el primer paso para devolverle la tranquilidad a la población.