En octubre del año 2021, el Instituto de la Mujer, la Paz y la Seguridad de la Universidad de Georgetown (GIWPS por sus siglas en inglés) y El Instituto Oslo de Investigación de la Paz (PRIO), presentaron el tercer Índice Mundial de Mujeres, Paz y Seguridad (IMPS). Dicha investigación brinda datos relevantes sobre la condición y el empoderamiento de las mujeres en 170 países alrededor del mundo. De igual forma, demuestra que los países son más prósperos cuando se les brinda a las mujeres igualdad de derechos y oportunidades.
Desde mi perspectiva, lo más relevante del IMPS tiene que ver con la propuesta metodológica esgrimida para calcular la situación real de las mujeres. Vale decir, el Índice identifica tres categorías de análisis: inclusión, justicia y seguridad. Para llevar a cabo la medición, cada uno de los tres componentes se subdivide en factores mucho más acotados. Por ejemplo la dimensión inclusión es resultado de la sumatoria de cinco elementos: educación, inclusión financiera, acceso al empleo, uso de celular y representación parlamentaria.
La dimensión justicia contempla tres subaspectos. Uno es la discriminación legal, es decir el grado en que las leyes y reglamentos diferencian a mujeres y hombres, o protegen las oportunidades de la mujer; dos, el sesgo hacia el hijo varón, que significa una preferencia por los niños varones, lo que indica una grave discriminación contra las niñas; tres, normas discriminatorias, que implica aquellas convenciones sociales que limitan el desarrollo de las mujeres, especialmente vinculadas con el empleo remunerado. Finalmente la dimensión justicia va de la mano con tres subcategorías, violencia ejercida por la pareja o expareja, percepción de seguridad en la comunidad y violencia armada.
En función a los resultados de su modelo, el IMPS asevera que el mejor país del mundo para ser mujer es Noruega, seguida de Finlandia, Islandia, Dinamarca y Luxemburgo. Por otra parte, los cinco peores países son, en ese orden, Afganistán, Siria, Yemen, Pakistán e Irak. Estados Unidos aparece en la posición 21 de 170, sin considerar la derogación de Roe vs. Wade.
Perú aparece en la lamentable posición 83 de 170, con inferior desempeño que el promedio de América Latina y Caribe (ALC) y por debajo de países como Costa Rica, Uruguay, Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Venezuela, Paraguay, Brasil y Panamá. Nuestro país tiene su peor evaluación en el rubro violencia ejercida por la pareja o expareja, con una nota de 11, cuando el promedio de ALC es de 7.9. De acuerdo con el informe, en la región los tres países con mayor índice de violencia contra la pareja o expareja son Bolivia, Colombia y el Perú.
A manera de conclusión, ¿Cómo podemos revertir esta situación? Lo primero probablemente sea consolidar la implementación de la Política Nacional de Igualdad de Género, aprobada el 2019. No obstante, desde mi punto de vista, el mayor reto pasa por reforzar el liderazgo político del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La reciente aprobación de la ley que permite a grupos conservadores vetar el enfoque de género en textos escolares, es una muestra de debilidad del ente rector en la materia. Otro desafío inminente es el proyecto de ley N° 1520, que “promueve la protección del embarazo de la madre gestante, del niño por nacer y de su entorno familiar”. De acuerdo con expertas consultas, dicho proyecto pone en peligro el acceso al aborto terapéutico en nuestro país.
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