Derrame privado, debilidad pública

Han pasado más de 10 días del derrame de petróleo ocasionado por las operaciones de la empresa Repsol en la Pampilla, y hasta el momento no se vislumbra que el desastre ecológico esté bajo control. Sobre este aspecto está claro que el Plan de Contingencia Ambiental de la petrolera española era papel mojado; incluso al momento de escribir estas líneas se habla de un segundo derrame. No obstante, es importante subrayar que la tragedia ambiental que vive el mar peruano también encontró a un Estado débil, irresoluto e incapaz de gestionar de una mejor manera las fallas y negligencias de esta entidad trasnacional.

Es como si el derrame, y otras situaciones extremas como la pandemia, rebaten el dogma de que el Estado debe ser un mero facilitador de negocios. Por el contrario, la evidencia se ha encargado de demostrar que es necesario cimentar un Estado profesional, con capacidad de supervisar, regular y sancionar en aras de salvaguardar la salud humana y al medioambiente. En esta línea podemos identificar yerros en el ámbito de la gestión pública que demuestran una vez más, la impostergable necesidad de curar al Estado peruano.

La primera dimensión es el liderazgo, el derramamiento de hidrocarburos pilló a los dos ministerios encargados de gestionar la tragedia en la mayor improvisación y desorden. Por un lado, el Ministerio del Ambiente era acusado de convertirse en “una agencia de empleos”, luego de que un programa televisivo señalará que la citada cartera habría favorecido a determinados postulantes al buscarles cargos a la medida de sus hojas de vida. De Igual forma, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), no tiene presidente del Consejo Directivo, ya que Miriam Alegría Zevallos está encargada. Para colmo de males, la Ley N°30230, publicada el 2014, redujo el rol sancionador de la OEFA, con la finalidad de facilitar inversiones.

Por otra parte, la designación de Daniel Salaverry como nuevo presidente del directorio de Perupetro, había colocado al Ministerio de Energía y Minas en el ojo de la tormenta. Esta fallida designación ha ocasionado que el Congreso interpele al ministro Eduardo González. Por si fuera poco, cuando se produjo el derrame no se había nombrado al viceministro (a) de Hidrocarburos, ni al director (a) General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos.

Un liderazgo endeble en las dos carteras responsables de la emergencia ambiental, genera un errático proceso de implementación de las decisiones. Al no tener el Estado peruano equipo y personal técnico para enfrentar el desafío medioambiental, el paso inmediato y lógico era solicitar ayuda internacional, vale decir contratar una empresa especializada con equipamiento y recursos humanos con expertise en derrames.

Una rápida búsqueda en internet arrojaba compañías con el perfil y la experiencia necesarios en Noruega, Alemania y Estados Unidos. Sin embargo, se prefirió nombrar un “Comité de Crisis”, sin capacidad de implementación real. En este sentido, Relaciones Exteriores indicó que ya están en Lima un equipo de especialistas de Naciones Unidas que “evaluará y propondrá acciones inmediatas”. El problema es cómo y quién llevará a cabo dichas acciones.

Finalmente, también se ha dejado de lado la comunicación. No se ha explicado de manera clara los riesgos que implica un derrame de petróleo para la salud. No ha habido una campaña sobre los peligros para las gestantes, para los niños, o los riesgos que existen al consumir productos contaminados. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Colorado publicado el 2019, halló que los bebés gestados en la cercanía de pozos petroleros corren "muy alto riesgo" de nacer con problemas cardíacos y pulmonares.

A manera de conclusión, el derrame petrolero muestra una vez más la impostergable necesidad de reconstruir las capacidades del Estado peruano en todos los ámbitos. Es necesario dejar de lado la lógica del juego de suma cero en la relación Estado-privados. En este sentido, existen herramientas que pueden contribuir con ese objetivo, una de ellas es el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos.