El servicio civil, la clave y el catalizador de la prosperidad

¿Por qué algunos países son pobres mientras otros alcanzan el bienestar? Esta interrogante ha sido central en el debate de las ciencias sociales durante décadas. Factores como los medios de producción, el desarrollo científico, el trabajo, el capital y, más recientemente, el acceso a nuevas tecnologías han sido ampliamente estudiados como componentes esenciales para que una nación prospere. Sin embargo, parecía que la discusión estaba incompleta, dejando de lado un elemento fundamental. Los ganadores del Premio Nobel de Economía 2024, Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, parecen haber dado en el clavo.

Estos investigadores sostienen que el nivel de vida de una persona no está determinado exclusivamente por el talento o el esfuerzo individual, sino por los determinantes sociales asociados al momento y al lugar en que esa persona nació. En consecuencia, la clave para que un país alcance efectivamente el bienestar, radica en la calidad de las instituciones del Estado y del gobierno. Cuando un Estado a través de instituciones “inclusivas”, logra proporcionar a su población medios de producción, condiciones laborales, educación y salud de calidad, acceso a la justicia y herramientas tecnológicas, es altamente probable que esa nación se desarrolle. Por el contrario, cuando un Estado condena a sus ciudadanos a la pobreza y el atraso, queda atrapado en el círculo vicioso de las instituciones económicas “extractivas”.

La hipótesis de Acemoglu, Johnson y Robinson se ve respaldada por una reciente publicación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Una de las principales conclusiones del documento “Mejores gobiernos para mejores vidas” señala que existe una fuerte correlación entre la capacidad estatal y la calidad del servicio civil. La capacidad estatal, estrechamente vinculada a las instituciones inclusivas, permite que la ciudadanía acceda a bienes y servicios de calidad que, a su vez, impulsan la prosperidad.

De acuerdo con esta investigación, mientras más eficiente sea el servicio civil, mejores serán los resultados para la población. En este contexto, Chile lidera el Índice de Desarrollo del Servicio Civil en América Latina y el Caribe 2024, con un puntaje de 73. En contraste, Perú ocupa un distante noveno lugar con una calificación de 39, incluso por debajo del promedio regional de 40. Los datos también muestran que, mientras Chile ha designado a 5 mil 141 directivos públicos mediante procesos meritocráticos, Perú apenas alcanza un magro 124. De igual forma, en los países de la OCDE, el 90% de los directivos públicos son nombrados a través de concursos, frente a un escaso 8% en América Latina. Aunque no hay cifras disponibles para Perú, se presume que el porcentaje es aún menor.

El nombramiento meritocrático de directivos públicos es el pilar de un servicio civil de calidad. Bajo esta óptica, la autoridad política no debería designar a personas de confianza basándose en afinidades políticas, sino que esa persona debe contar con requisitos mínimos, pasar un filtro y ganar un concurso público, enmarcado en una visión de carrera pública establecida por ley.

A manera de conclusión, en las últimas décadas hemos presenciado innumerables escándalos en el aparato público relacionados con designaciones de personas carentes de los méritos y los pergaminos necesarios. Asimismo, hemos sido testigos de un profundo y acelerado deterioro en la calidad de los bienes y servicios provistos por el Estado. El círculo vicioso de las instituciones

extractivas descrito por Acemoglu, Johnson y Robinson se perpetúa en nuestro país. Es urgente que el próximo gobierno impulse y consolide un servicio civil profesional y altamente calificado, el cual se convierta en el motor para construir instituciones inclusivas y garantizar un futuro más próspero para el Perú.