La necesidad de un Ministerio de la Función Pública

Una investigación periodística recientemente publicada señala que Pedro Castillo ganó por amplio margen en 46 de los 50 distritos con mayor pobreza monetaria del país. De igual forma, el candidato chotano obtuvo un rotundo triunfo en 10 de los 11 distritos donde se ubican los proyectos mineros más importantes del país. A su vez se ha señalado que los recursos económicos existen pero que no se saben gastar. De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en los últimos tres años los gobiernos subnacionales no han logrado alcanzar el 70 % de ejecución del presupuesto por canon, sobrecanon y regalías. De acuerdo con el MEF, los casos más dramáticos son Cusco, que hasta fines el año pasado apenas había ejecutado 32.3 % de los S/. 1,586 millones presupuestados. Por otra parte, Ancash, solamente había desembolsado el 20.2 % de los S/. 1,526 millones asignados. La ineficiencia parece que también ha alcanzado al gobierno municipal de Lima y al gobierno central.  En el caso de Lima, todavía no puede concluir la segunda etapa del Metropolitano, que tiene ya una década de retraso. Por otra parte, el gobierno central, reconociendo sus propias limitaciones apela cada vez más a los acuerdos de gobierno a gobierno, donde es otro Estado el responsable de sacar adelante las grandes obras que el país necesita. Hace poco se anunció que el gobierno francés se hará cargo de la culminación de la Carretera Central, luego de casi 100 años de espera.

¿Cómo hemos llegado a estos niveles de debilidad institucional tan profundos en prácticamente todos los estamentos del Estado? El 2013, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública identificaba ocho factores que explicaban la endémica fragilidad en la gestión pública peruana. Ha pasado casi una década y no hemos sido capaces de alterar este precario escenario. Algunos de dichos factores se mantienen inermes y otros se han agravado.

¿Cuál sería la propuesta para revertir esta situación? Desde mi perspectiva, es necesario unificar bajo una misma entidad a todos los órganos vinculados con la modernización de la gestión pública que actualmente se encuentran desperdigados, fragmentados, con limitada relevancia política y con muy poca coordinación y articulación intersectorial. Yo he identificado los siguientes, pero pueden ser más: el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), la Secretaría de Gestión Pública (SGP), la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) y la Secretaría de Coordinación (SC).

LA fusión de todas entidades crearía el Ministerio de la Función Pública (MFP), sector altamente especializado en la asesoría a todas las instancias de gobierno en el campo de la gestión pública. El MFP sería responsable, por ejemplo, de la planificación, seguimiento y evaluación de las Políticas Nacionales, de igual forma, estaría a cargo de la estrategia para que el Estado cuente con personas con una clara orientación de servicio al ciudadano; a su vez  ejercería la rectoría del Sistema de Modernización de la Gestión Pública y sería responsable de la articulación con los gobiernos regionales y locales. La apuesta es que el MFP brinde todo el acompañamiento y soporte necesario a las instancias subnacionales en materia de proyectos públicos. Es importante señalar que el MFP no generaría mayor gasto al tesoro público, ya que fusionaría los presupuestos existentes en los órganos señalados previamente. Es más, podría significar un ahorro ya que eliminaría duplicidades.

Existen ya experiencias similares en América Latina y otras partes del mundo, por ejemplo, el Gobierno de México tiene la Secretaría de la Función Pública. Dicha entidad es responsable de los procesos de desarrollo administrativo y encabeza el Servicio Profesional de Carrera. En España, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública es responsable de las relaciones con las Comunidades Autónomas. También lidera la ejecución de la política del Gobierno en materia de Función y Gobernanza pública.

A manera de conclusión, considero que el MFP unificaría órganos y entidades que actualmente se encuentran dispersas y que carecen por sí mismos del peso político necesario para sacar adelante sus agendas. Igualmente brindaría el apoyo técnico altamente especializado para comenzar a reducir los altos niveles de precariedad institucional que carcomen al Estado. A la par, sería un soporte clave para los gobiernos regionales en materia de diseño e implementación de proyectos públicos.