Causas y percepciones en el cambio constitucional en Chile

La ola de movilizaciones en Chile desde finales del año pasado y su reciente efecto político, plasmado en el masivo apoyo al cambio Constitucional en el plebiscito reciente, han sido interpretados desde la premisa de que ambos fenómenos son consecuencia directa - y casi exclusiva- de los problemas de desigualdad y brechas sociales de la sociedad chilena. ¿Hay evidencias que sustentan esa premisa? ¿Existieron otros factores, como la autopercepción social y las narrativas difundidas, detrás del estallido social?

Asumimos continuamente que los determinantes para las movilizaciones sociales tienen causas tangibles de bienestar social (pobreza, baja calidad de servicios públicos, aumento del precio del transporte, etc). Sin embargo, muchas veces la percepción de la realidad tiene un rol más importante que los indicadores objetivos de bienestar. La reciente reacción social chilena es un buen ejemplo.

Dos de los principales factores que comúnmente se adjudican como causas del estallido son: el alto nivel de desigualdad de la sociedad chilena y el bajo acceso a servicios públicos.

Sobre el primero, debemos señalar que si bien la desigualdad (medida a través del coeficiente de Gini) en Chile era particularmente alta en décadas anteriores -llegando a ser el segundo más desigual de América Latina- esta ha disminuido de manera sostenida en los últimos años y ha pasado a estar en el promedio latinoamericano. Sumado a esto, la desigualdad en términos no monetarios (aquella que mide por ejemplo la brecha entre el acceso a la salud, la diferencia entre las expectativas de vida de los diversos niveles socioeconómicos o la calidad de la educación pública) muestran a Chile con menores niveles de desigualdad que países como Uruguay o Costa Rica, los cuales no han enfrentado las convulsiones sociales vistas en Chile.

Sin embargo, a pesar de estos indicadores, en Chile existe un sentimiento generalizado de molestia frente a la desigualdad. Esta molestia se concentra particularmente en tres componentes: las desigualdades de acceso a la salud, desigualdad de acceso a la educación, y en que a algunas personas se las trate con mayor respeto y dignidad que a otras. En una escala del 1 al 10, donde 10 indica “mucha molestia”, a alrededor del 67% de la población le molesta mucho (9-10) la desigualdad en esos tres ámbitos: 68% en acceso a la salud, 67% en acceso a la educación y 66% en trato social. (PNUD, 2018). Así mismo, la percepción de injusticia asociada al hecho de que quienes puedan pagar más tengan acceso a mejores servicios sociales ha aumentado considerablemente durante los últimos 15 años: de 52% a 64% en el caso de la educación, y de 52% a 68% en el caso de la Salud (PNUD, 2018). La sensación de malestar era más alta de lo que se esperaría en base en los indicadores sociales chilenos, inclusive considerando variables no económicas.

Ocurre algo similar respecto al factor pobreza. De un lado, Chile ha disminuido significativamente sus niveles de pobreza, y se encuentra, junto con Costa Rica, como uno de los países menos pobres de Latinoamérica con un índice por debajo de 5%, que contrasta con el de otros países de la región que superan el 30% (CEPAL, 2019). No obstante, la autopercepción de la población chilena sobre su condición social refleja que el 59% de la población se autopercibe como perteneciente a la clase baja, porcentaje cercano al de Venezuela (62%) pese a tener realidades totalmente distintas.  Como referencia, en Venezuela en el 2018, 61% de la población afirmó tener problemas para comer lo suficiente mientras que en Chile esto llegaba a sólo un 13%.

De lo anterior se desprende que el peso que tienen las percepciones y narrativas sociales no necesariamente se encuentran alineadas a variables objetivas de bienestar social. La difusión de creencias generalizadas sobre la realidad puede llegar a ser propiciadores de demandas como las que se reflejaron en el plebiscito.

En esa misma línea, un argumento usado para interpretar las razones detrás del alto apoyo al cambio constitucional en Chile sostiene que las zonas más ricas tuvieron un mayor rechazo a dicho cambio, lo que sostendría la idea de una “lucha de clases”. Sin embargo, al analizar las estadísticas referidas a los resultados del plebiscito, se encontró lo contrario. Los datos indican una ligera tendencia a mayor rechazo al cambio constitucional en las zonas más pobres del país. El resultado del plebiscito ha sido una demanda generalizada y transversal a todos los sectores sociales. No se ha evidenciado una “lucha de clases”, sino una deslegitimación de la Constitución actual en toda la sociedad chilena.

En este punto, debemos señalar que existe evidencia que refiere que las creencias de la población sobre el modelo de desarrollo  eran homogéneamente negativas. Chile posee una percepción más crítica de su modelo que otros países de la región: cerca de un 74% de la población cree que se debería cambiar completamente el modelo económico porque no funciona (CELAG, 2020). Así mismo, el nivel promedio de oposición de clase contra el empresariado es de 76 puntos de un máximo de 100. Esto sugiere una importante asimilación de los discursos “antineoliberales” promovidos por los movimientos sociales en los últimos años.

Finalmente, un indicador adicional que sirve para graficar el protagonismo de las percepciones, es que la mayoría de la población en Chile percibe que la corrupción es el principal problema estructural (43%). Esto contrasta directamente con el hecho de que Chile es el segundo país menos corrupto de América Latina, luego de Uruguay y  se ubica en el puesto 26 de un total de 180 países según Transparencia Internacional (CP, 2019), mejor que muchos países considerados como desarrollados como España, Italia o Corea del Sur.

Es claro que pese a los favorables indicadores económicos -superiores al promedio de países latinoamericanos- dentro de la sociedad chilena se ha extendido una narrativa muy crítica hacia la justicia del modelo económico. Es importante entender que los resultados económicos y sociales, por sí solos, no son suficientes para brindar sostenibilidad política a un modelo, los mecanismos de interpretación colectiva de la realidad son decisivos.

El entendimiento de las causas de la pérdida de legitimidad del modelo social chileno es una tarea importante para quienes nos interesamos por el desarrollo económico y social de América Latina, pero va a requerir un esfuerzo analítico más cuidadoso que sólo asumir como válidas, sin verificar con data, algunas interpretaciones de amplia difusión.

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Bibliografía:

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina,

2019 (LC/PUB.2019/22-P/Re v.1), Santiago, 2019.

El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), Encuesta sobre el Panorama Político y Social de Chile de mayo 2020. Santiago, 2020.

Latinobarómetro, I. (2018). Banco de datos en línea consultado en junio del 2020.

Index, C. P. (2019). Transparency international. URL: https://www.transparency.org/files/content/pages/2019_CPI_Report_EN.pdf