El apoyo popular de considerar terroristas a los delincuentes violentos

En un contexto en el que vemos un esfuerzo descentralizado de economías ilegales por socavar el estado de derecho y aprovechar la falta de presencia del Estado para la generación de beneficios ilícitos y una amplia capilarización de la presencia de la extorsión, etiquetar a la delincuencia de organizaciones criminales como “terrorismo urbano”, está legitimado en la población. Según una reciente encuesta de Datum, 82 % de la población está de acuerdo con considerar como “terrorismo urbano” a los actos violentos relacionados con el cobro de cupos o extorsión. No sorprende el resultado en un contexto en el que un 87 % (Datum) de la población se siente insegura en las calles, y en Lima y Callao la cifra asciende al 94 %. Además, la percepción de inseguridad va en aumento. Mientras que en setiembre del 2014, 37 % reportaba haber sido víctima de la delincuencia, hoy esa cifra asciende al 49 %. Además, 75 % percibe que la inseguridad ha aumentado en su distrito este año.   Consideramos que este término más que una interpretación literal (es o no terrorismo), transmite que la población considera que este tipo de delincuencia debe ser considerado peor que la delincuencia común, que merece castigos más severos, y que espera que el gobierno lo enfrente con la misma fortaleza con la que enfrentó al terrorismo.

Además, la población percibiría que el recrudecimiento de la inseguridad no es solo una función de la mayor capacidad organizacional de las bandas criminales, sino también un fenómeno político e institucional que no responde de manera adecuada al aumento de la delincuencia, o en todo caso están coludidos con ella. El grado de desconfianza hacia jueces y fiscales asciende a 9 de cada 10 peruanos, y 3 de cada 10 los responsabilizan directamente por el aumento de la inseguridad, siendo estas instituciones peor juzgadas que la Policía o que las Fuerzas Armadas (IPSOS). La mala calificación de los jueces y fiscales tiene cierto fundamento: según el World Justice Project, que mide la calidad de los sistema judiciales en el mundo, la calidad de la justicia en el país se ha ido deteriorando de manera significativa los últimos años: el índice de justicia civil ha descendido 5 puntos entre 2019 y 2023, llegando al 41 % y el índice de calidad de justicia criminal ha permanecido en 33 % desde el 2019. Esto quiere decir que la reforma del sistema de justicia que prometió mejorar la calidad de los funcionarios en esta ala gubernamental, incluyendo la incorporación del órgano de la Junta Nacional de Justicia en reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura (por casos claros de corrupción), no ha logrado lo prometido e inclusive se ha deteriorado el sistema.

La población responsabiliza directamente a las instituciones más políticas del país por el aumento de la inseguridad: al Ejecutivo y al Congreso de la República. Si bien la oferta de medidas punitivas han aumentado en el Congreso en las últimas semanas, la población no percibe aun que estos esfuerzos sean suficientes. Hay que señalar que tan solo en el Congreso se presentaron 17 iniciativas relacionadas al terrorismo urbano desde el año pasado. Sin embargo, las acusaciones de nexos con economías ilícitas o actos ilícitos de parte de los políticos mediáticos de nuestro país opacan cualquier intento de presentar medidas en contra de la delincuencia. Aquellas que han sido presentadas además, se ven como insuficientes o ineficaces, como son por ejemplo, el proyecto del Ejecutivo de aumentar las penas para el robo de celulares.

Por último, ciertamente este fenómeno trae mayor demanda de medidas punitivas de parte de la población, lo cual se va a manifestar en la agenda de la siguiente contienda electoral. Los actores políticos pueden buscar aumentar su capital político prometiendo la intervención de las Fuerzas Armadas, que de momento es la institución más confiable con 54 % de aprobación (por encima de la Policía, y los funcionarios responsables en impartir la justicia). Estará por verse qué candidato presidencial se erigirá como el actor más creíble para luchar contra la delincuencia.

Fuentes: 

Datum Internacional: El 87% de los peruanos se siente inseguro en las calles de su ciudad. El Comercio (2024). Recuperado de: https://elcomercio.pe/politica/actualidad/datum-internacional-el-87-de-los-peruanos-se-siente-inseguro-en-las-calles-de-su-ciudad-inseguridad-dina-boluarte-juan-jose-santivanez-crisis-en-peru-extorsion-noticia/?ref=ecr

World Justice Project:
Peru - Criminal Justice | 2023 Rule of Law Index. World Justice Project. Recuperado de: https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2023/Peru/Criminal%20Justice/