Prioridades al centro

Las encuestas demuestran consistentemente que la Asamblea Constituyente no es una prioridad de la mayoría de la población, y lo es menos de lo que era hace unos meses. 

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Por Daniela Ibáñez

Los representantes políticos, especialmente aquellos que han sido electos por mandato popular, están llamados a resolver los problemas públicos que más aquejan al país. Los problemas recurrentes del Perú no cesan, especialmente tras ya casi dos años de una pandemia devastadora para nuestra economía y una crisis de confianza entre los ciudadanos que cada vez se acrecienta más, conforme el ambiente político y social se va crispando. Algunos llaman a un cambio del status quo por completo y quieren escribir un nuevo contrato social; son la minoría. La mayoría quieren que se resuelvan sus problemas del día a día para poder continuar sacando a sus familias adelante. En este artículo exhibiremos las prioridades más importantes para el país y los cambios respecto al año pasado en las necesidades de los peruanos.

Una parte del espectro político, en la cual se incluye el Presidente de la República y varias fichas del Ejecutivo y sus aliados, ven como una prioridad imperativa el cambio absoluto del contrato social que nos gobierna desde 1993. Para esto, demandan la elección y conformación de una Asamblea Constituyente para reescribir la carta magna. A pesar de que el presidente dice hablar por el pueblo, este punto de la agenda no refleja una prioridad para la mayoría de la población. En enero del 2022, IPSOS reporta que tan solo 8% de los peruanos cree que el Ejecutivo debe priorizar la Asamblea Constituyente. Esto representa una caída de 2 puntos desde octubre, cuando 10% de los peruanos exhibieron esta preferencia. Es importante resaltar que la Asamblea Constituyente es más priorizada en el Interior que en Lima (9% vs. 7% de preferencia) y en las zonas urbanas más que en las zonas rurales (9% vs 8% de preferencia).

La Asamblea Constituyente está siendo menos priorizada por la población y se puede deber a varios factores. Por el lado político, se puede deber a la campaña de “No a la Asamblea Constituyente” liderada por el abogado Lucas Ghersi, que ha logrado conseguir 1.5 millones de firmas en 5 meses. Por otro lado, el congresista Guillermo Bermejo lidera la campaña de recolección de firmas para activar un referéndum pro-Constituyente. Sin embargo, se desconocen con cuántas firmas se cuentan, y según la página de la ONPE se contarían con tres planillones distintos para recolectar las firmas. Por lo tanto, se trata de una campaña desorganizada, que no reporta avances a la prensa, sin objetivos claros de que se quisiera cambiar en la Constitución y para qué, y que podría ser limitada por los candados impuestos por el Congreso con la modificación de la Ley de Participación Política y Control Ciudadano.

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Otro factor podría ser que las necesidades del día a día, son de mayor urgencia y la propuesta de Asamblea Constituyente no responde claramente a esas preocupaciones. 54% de los peruanos piensan que el gobierno de Castillo debe priorizar la lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Esto representa un incremento del 19% respecto a octubre, y desplaza lo que antes era la prioridad más urgente: la generación de empleo y la reactivación económica. La prioridad de resolver la criminalidad coincide con la declaratoria del Estado de Emergencia por iniciativa del Congreso en Lima y Callao debido al aumento de la inseguridad en las calles de la capital. Sin embargo, el tema del empleo no deja de ser menos importante, pues 46% de los encuestados responden que Castillo debe atender la prioridad de reactivar los mercados, 11% de reducir la informalidad y 16% generar más beneficios para trabajadores formales. Esto coincide con el incremento en trabajos informales al 78% de la PEA durante la pandemia y con una tasa de desempleo en Lima que se elevaba al 7,8% en diciembre del año pasado (BCR, 2021).

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Las prioridades de la población han variado bastante en los últimos 3 meses. Controlar la inflación, la lucha contra la delincuencia e incrementar los beneficios de los trabajadores formales son las que más han subido en prioridad. La población que cree que el gobierno debe atender los altos precios de los productos básicos ha incrementado por 24%, con la tendencia siendo aún más pronunciada en la capital y en las zonas urbanas. Por otro lado, las necesidades que han dejado de ser tan prioritarias son la lucha contra la COVID-19 y el retorno a clases seguro, seguramente debido a la campaña de vacunación exitosa y el pronunciamiento del gobierno del regreso a clases presencial.

Por último, las prioridades de la población son muy distintas dependiendo de las zonas encuestadas. Para la capital, la delincuencia, el costo de vida y el trabajo son las prioridades más importantes. Para las zonas urbanas, estas son el empleo, la corrupción y la lucha contra la COVID-19. En el interior, el retorno a clases y la Asamblea Constituyente cobran mayor importancia que en el resto del país.

En conclusión, las encuestas demuestran consistentemente que la Asamblea Constituyente no es una prioridad de la mayoría de la población, y lo es menos de lo que era hace unos meses. Las preocupaciones están centradas en temas de gestión pública como la lucha contra la delincuencia o la reactivación económica. Los peruanos exigen seguridad en las calles, empleo formal y con beneficios y tener una economía que genere desarrollo y alivie la pobreza; y como mostró IEP en su última encuesta en La República, la población desaprueba mayoritariamente la gestión del Ejecutivo en varios de estos indicadores de gestión.

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