Lo urgente y lo importante

Este año, en febrero, el gobierno se comprometió a elaborar un plan nacional para el 2019, en el que se establezca la política pública en materia de empresas y derechos humanos. Aunque hay voluntad, lo cierto es que seguimos a la espera de la puesta en marcha del proceso desde entonces. La inestabilidad política de los últimos tiempos ha hecho que se den algunas idas y venidas. La tarea está a cargo como ente rector del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el cual ha tenido cuatro ministros en el último año y medio, fuera de los cambios en la alta dirección.

Pero, ¿de dónde viene el impulso y la necesidad de una política pública en esta materia? Hace varios años la cuestión de las empresas y los derechos humanos entró en la agenda política mundial y atrajo la atención de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Fue ganando consenso la idea de que la expansión del sector privado también puede generar importantes impactos sociales negativos.

La actuación de las empresas, sin importar el rubro, puede impactar en derechos a través de la no discriminación, el acoso sexual, la obstrucción de derechos laborales, dificultar el acceso a agua de calidad, entre otros. Uno de los casos que más remeció la conciencia en el tema fue el derrumbe del edificio de fábricas textiles Rana Plaza, en Bangladesh, que ocasionó la muerte de 243 personas.

En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el marco de “proteger, respetar y remediar” a partir del cual se adoptaron unos “Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos”. Para las empresas, estos principios plantean una expectativa social elemental: que respeten derechos, esto es, que se abstengan de infringirlos y hagan frente a los impactos negativos que generen. A los Estados, se les pide proteger a sus ciudadanos frente a afectaciones a derechos generadas por empresas y remediar los impactos negativos causados. Es decir, nada que no estén obligados a realizar bajo el marco constitucional e internacional vigente. Lo novedoso es traducir estas obligaciones a la lógica empresarial.

Los Principios Rectores han ganado terreno entre actores clave de la gobernanza global. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por ejemplo, los incorporó en las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales. También los acogieron la Corporación Internacional Financiera y el Banco Mundial. Impulsadas por esta convergencia favorable a los Principios Rectores, hoy cada vez más empresas, sobre todo transnacionales, han ido asumiendo que respetar derechos es importante en términos de sostenibilidad, competitividad e innovación.

Para alinearse a estas exigencias, varios países del mundo (en especial europeos) han adoptado instrumentos de políticas públicas, denominados “Planes Nacionales de Acción”. Esto es clave pues no cabe duda que los marcos normativos internos son un factor determinante en la conducción de la actividad empresarial, independientemente del origen del capital.

De la región latinoamericana, Colombia y Chile ya aprobaron un Plan de Acción, y México estaba en ese camino. No es casualidad que sean los únicos Estados latinarmericanos miembros de la OCDE o cerca de serlo. Ni lo es tampoco que sean tres de los cuatro países, además de Perú, que conforman la Alianza para el Pacífico.

Por nuestra parte, la agenda ha estado más ocupada en hacer frente a la rampante corrupción de la clase política y superar una crisis que revela la debilidad del sistema de justicia. Si Perú aspira seriamente a formar parte de selectos espacios donde están presentes las economías más importantes, debe asumir este compromiso de forma prioritaria y célere. Veamos si lo urgente nos deja tiempo para lo importante.