La reforma de la discriminación

Cada cierto tiempo somos testigos de casos de discriminación. Expresiones que con distintos matices, dejan ver una mirada que desvalora o concibe como inferior al otro por su color de piel, el lugar donde nació o el dinero que gana. De hecho, más del 50% de peruanos reconoce que vivimos en una sociedad racista, según una encuesta nacional que hizo pública el Ministerio de Cultura  (MINCU) en 2018. Preocupa notar que este estudio evidencia que donde más personas se han sentido discriminadas es en establecimientos del Estado, como hospitales, comisarías y municipalidades.

El marco normativo nacional e internacional para combatir la discriminación tiene aspectos positivos, aunque debe ser mejorado significativamente. El artículo 2.2 de la Constitución señala expresamente que “nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o cualquier otra índole”. En materia penal, el artículo 323 del Código Penal, incorporado en mayo de 2000, sanciona con una pena de entre 2 y 3 años, o con prestación de servicios a la comunidad, los actos discriminatorios y la incitación a la discriminación. Sin embargo, su aplicación es aun muy reducida, pues solo se cuenta con una condena penal en el caso de Azucena Asunción Algendones.

En enero de este año, el Poder Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley 3793/2018-PE para "prevenir, eliminar y sancionar el racismo y la discriminación racial en cualquiera de sus manifestaciones". Propone, entre otras cosas, la prestación de servicios públicos libres de racismo, justamente el lugar donde más peruanos y peruanas se sienten discriminados. No obstante, se encuentra al momento en comisión y no tiene visos de ser evaluado en lo más próximo.

A nivel de compromisos internacionales, varios tratados en vigor para el Perú – como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- prohíben expresamente la discriminación y reconocen el derecho a la igualdad. Aunque el Perú es parte de la Convención de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, no ha ratificado los instrumentos más avanzados y específicos en la materia adoptados en la Organización de Estados Americanos (OEA). Me refiero a la Convención Interamericana contra todas las formas de discriminación e intolerancia, y la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia, que fueron firmadas por el Perú en octubre de 2016, pero transcurridos más de dos años no se ha ratificado ninguno de estos instrumentos clave.

En temas institucionales, hay algunos avances, pero también muchos desafíos. El MINCU, como ente rector, realiza actividades para combatir la discriminación racial, como la Plataforma “Alerta contra el racismo” creada en 2013. Desde ese año hasta el 2017, la plataforma recibió más de 400 reportes de presuntos actos de discriminación. Las denuncias recibidas son analizadas por especialistas legales del Ministerio, quienes informan a los ciudadanos de sus derechos y los mecanismos con los que cuenta para hacerlos efectivos. Lo que no está claro es que también se remitan al Ministerio Público los casos de mayor gravedad que califiquen como delito de discriminación. Esto ayudaría a generar mayor conciencia de las consecuencias legales de estos actos.

En el sector de Justicia y Derechos Humanos, se encuentra adscrita la Comisión Nacional contra la Discriminación (CONACOD), órgano multisectorial permanente establecido en 2013. En 2015, la CONACOD lanzó la “Plataforma contra la discriminación” para ofrecer a la ciudadanía un servicio de recepción, derivación y seguimiento de casos de discriminación en cualquiera de sus formas. Luego de más de tres años, es poca –por no decir nula- la información disponible sobre su funcionamiento y resultados. Lo último de que se tiene noticia es que estaba en proceso de rediseño, sin fecha conocida de relanzamiento.

El escenario de las políticas públicas que permiten articular la actuación de distintos sectores tiene también varias tareas pendientes. Una de las prioritarias sería darle al país un Plan Nacional contra la Discriminación, instrumento que hasta la actualidad no tiene. En 2017, el Viceministerio de Interculturalidad anunció que en el 2018 se elaboraría un plan de esta índole pero no se cuenta con mayor información pública sobre las acciones tomadas en ese sentido.

La discriminación es un problema cotidiano y muy enraizado en nuestro país, tanto que discriminar se considera normal. Quizas por ello precisamente es que el tema no parece ser priorizado. Esperemos le toque también algo del ímpetu del impulso de cambios desde el Estado.