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Resistencia indígena en defensa de la Amazonía

Cada día comunidades campesinas y nativas ven cómo sus territorios son devastados, consumidos por la avaricia y el desprecio por la ley. Su lucha no se detiene, pues saben que la conquista no ha terminado.

Fiel a la tradición colonial, a la minería republicana le estorba la propiedad indígena. Durante décadas, el Estado peruano ha otorgado derechos mineros a terceros, sobre tierras comunitarias. Hoy, las concesiones mineras ocupan más de 5 millones de hectáreas de comunidades campesinas y nativas.

En Madre de Dios, catorce comunidades nativas fueron invadidas de esa manera: todo el territorio de la CN Arazaeri; tres cuartas partes de las comunidades Boca Inambari, San Jacinto y El Pilar; y la mitad del territorio de Barranco Chico. Sobre la CN Tres Islas se llegó a otorgar 570 derechos mineros.

Nuestros pueblos indígenas están entre los más esforzados y efectivos defensores de la Amazonía. ¿Por qué lo hacen? Porque en sus territorios prosigue la Conquista.
Nuestros pueblos indígenas están entre los más esforzados y efectivos defensores de la Amazonía. ¿Por qué lo hacen? Porque en sus territorios prosigue la Conquista. | Fuente: Guaman Poma, Nueva corónica y buen gobierno (1615)

Los nativos tuvieron que aprender a convivir con los mineros. Eventualmente, algunos se sumaron al negocio; adoptando los impulsos y conductas de la sociedad envolvente: avaricia, desprecio por la ley, apetitos burdeleros.

Hoy, en casi un tercio de las comunidades nativas de Madre de Dios, la minería de oro es importante. En Kotsimba, comunidad limítrofe con el Parque Nacional Bahuaja Sonene, los propios comuneros han devastado, con maquinaria pesada, más de cuatro mil hectáreas de su territorio.

Pero incluso en las comunidades más perturbadas por la minería, la gente nativa preferiría dedicarse a otra cosa. Los mineros indígenas son conscientes del daño hecho a la tierra. Han experimentado miles de malas transacciones y enfrentamientos con sus ocupantes mineros. La minería ha fomentado luchas intestinas, debilitando organizaciones y resquebrajando familias. Por eso, durante quince años, los indígenas han propuesto al Estado salidas al malestar minero.

En 2011, la Federación Nativa de Madre de Dios (FENAMAD) planteó una audaz propuesta: Las comunidades nativas envueltas en minería limitarían la extracción al 15 % de sus territorios, bajo un régimen exclusivo de minería comunitaria. Repararían las tierras dañadas y emprenderían proyectos productivos no destructivos, mediante un ordenamiento territorial interno.

Durante meses, funcionarios del Minam, de Energía y Minas, de Cultura y del gobierno regional (GOREMAD) trabajamos un plan con la FENAMAD, dentro de la ley. Y el 24 de agosto de 2012, firmamos un acta final de acuerdos. Al GOREMAD le tocaba llevar adelante el plan concordado, con acompañamiento del Gobierno Nacional. Pero la oposición del gremio minero, la corrupción regional, la ineptitud estatal, las mentiras, las amenazas y el desconcierto frustraron el intento.

La CN Tres Islas asumió su propia lucha. Decidió impedir la entrada a los mineros. Muchas denuncias, maltratos y mandatos judiciales postergados de por medio, este 17 de mayo, la Corte Superior de Madre de Dios ordenó suspender 127 permisos mineros en territorio comunal. Casi simultáneamente, la Corte Superior de Lima ordenó anular 111 concesiones mineras en la Cordillera del Cóndor (Amazonas); acogiendo una acción de amparo indígena, contra Energía y Minas. En ambos casos, los jueces encontraron que el Estado no cumplió con la consulta previa a las comunidades afectadas; con sustento en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional.

Aunque hay villanos en todo grupo humano, nuestros pueblos indígenas están entre los más esforzados y efectivos defensores de la Amazonía. ¿Por qué lo hacen? Porque en sus territorios prosigue la Conquista.

NOTA: “Ni el Grupo RPP, ni sus directores, accionistas, representantes legales, gerentes y/o empleados serán responsables bajo ninguna circunstancia por las declaraciones, comentarios u opiniones vertidas en la presente columna, siendo el único responsable el autor de la misma.

Docente de la Escuela de Economía y Gestión Ambiental de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Graduado en la Universidad Nacional Agraria, con maestría en Estudios Latinoamericanos - Conservación Tropical y Desarrollo, de la Universidad de Florida. Premio Whitley a la Conservación de la Naturaleza. Trabaja en áreas protegidas, agroecología, ecosalud, política climática, derechos indígenas y justicia ambiental.

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