La proximidad de las elecciones generales del 2021 ha traído, en el sector pesquero, el debate respecto a su institucionalidad, que incluye el restablecimiento del Ministerio de Pesquería, el cual fue desactivado en julio del 2002, a solo un año del inicio del gobierno de Alejandro Toledo, cuando se aprobó mediante Ley Nº 27779 las modificaciones en la estructura de los ministerios y por la cual las carteras de Pesquería y parte del entonces Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales (MITINCI) pasaron a formar parte del nuevo Ministerio de la Producción (PRODUCE).
La organización y funciones del PRODUCE fueron definidas mediante Decreto Legislativo 1047. Hoy después de casi 20 años de la desactivación del Ministerio de Pesquería, (ningún otro ministerio productivo se desactivó) lo que se percibe con claridad es que el sector pesquero se perjudicó en la estructura del poder ejecutivo del país.
En octubre del 2008, el Ministerio de Trabajo transfirió las Micro y Pequeña Empresas (MYPES) al PRODUCE. Esta decisión hace que, por su importancia económica y número de personas involucradas, las MYPES tengan un peso político gravitante en la decisión de nombrar ministros de la Producción.
Por otro lado, existe el argumento que el aporte de la pesca, dentro de las actividades productivas identificadas en los descriptores generales del PBI, (incluida la producción y comercialización) es relativamente pequeño comparado con el de otros sectores productivos. La extracción pesquera aporta alrededor de 0.3% del PBI (aproximadamente 1% con las otras actividades relacionadas a ella) frente al 6% de la agricultura (no incluye procesamiento) o el 12% de la minería y petróleo, por ejemplo.
Sin embargo, no todo es número. Hay dos consideraciones importantes a tomar en cuenta. La primera es que la pesca al ser un sector cuya permanencia en el largo plazo depende decisivamente de su regulación, necesita una alta atención política y profesional.
La necesidad de conocimiento y entendimiento pesquero en los cargos de decisiones claves, es, a contramano, una demanda bastante extendida en el sector. Sin embargo, es importante hacer aquí dos aclaraciones. No se puede (como todo el en ámbito humano) generalizar y la segunda aclaración es que se necesita mayor transparencia para prevenir eventuales sesgos de preferencia y/o animosidad en un sector en donde las pugnas y conflictos son notorios.
Otro aspecto a considerar es la importancia del rol de la pesquería como generadora de alimentos que forma parte de la dieta de los peruanos (con diferencias regionales significativas) y por lo tanto de la seguridad alimentaria del país.
Por cierto, debe estar acompañado de otras acciones, más allá de cambiar normas, web y logos de PRODUCE a MYPE, es necesaria la actualización de la Ley General de Pesca, la creación de una superintendencia en la fiscalización y control de la pesca, la ampliación de la acuicultura, la aprobación de un Plan Nacional para la pesca artesanal y otras medidas que no detallaremos aquí, pero que son necesarias para mostrar un cambio positivo y significativo en el desempeño ministerial relacionado a la actividad pesquera.
En el Perú ha habido una suerte de embalse de las modificaciones en la estructura del Estado y su normativa. El sector pesquero no es ajeno a éste, como acabamos de revisar. Corresponde trabajar visiones, políticas y decisiones en el contexto del Bicentenario, gran oportunidad para reflexionar en qué estamos y qué queremos.
Comparte esta noticia