Por una (real) democracia ambiental en el Perú

Perú, debido a su importancia ambiental en el continente y su inigualable biodiversidad, suele adherirse a acuerdos y tratados internacionales, con el fin de lograr cambios orgánicos y duraderos. Sin embargo, tampoco extraña que muchos de esos pactos tengan más de diplomacia que de real acción gubernamental. Ese es el riesgo que corre el Acuerdo de Escazú si no se ratifica pronto en nuestro país.

Dicha tarea corresponde al Congreso de la República, que deberá aprobar la ratificación este tratado vinculante, el cual busca implementar de manera efectiva y plena los derechos de acceso a la información, a la participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Un reto que, claramente, escapa de los vaivenes políticos actuales del país, pero que merece toda la atención de las autoridades legislativas.

Cabe resaltar que, en el sector pesquero, el Acuerdo de Escazú reforzaría –y haría obligatorias (o más de lo que ya son)– una serie de responsabilidades correspondientes al Ministerio de la Producción (PRODUCE). Una de las más significativas es aquella que exige la generación de información sobre el desempeño de la actividad pesquera, así como su impacto en los recursos hidrobiológicos y el ecosistema, los recursos públicos que se recaudan por su aprovechamiento, como se invierte esta renta, entre otra información relevante.

De hecho, ni la Ley General de Pesca ni su reglamento cuentan con disposiciones explícitas que aseguren la transparencia; tampoco cuentan con mecanismos institucionalizados de participación pública, pues no se registran ni valoran las opiniones de los actores interesados (ni afectados) de las actividades pesqueras. En ese sentido, el Acuerdo de Escazú permitiría establecer qué clase de datos deben considerarse antes del proceso de toma de decisiones, sin poner trabas (o límites) a su difusión.

En un contexto en el que los actos de corrupción siguen saliendo a la luz y demuestran cómo afectan el desarrollo del país, es preciso que convenios como el Acuerdo de Escazú contribuyan al fortalecimiento de la gobernanza ambiental en el Perú, en favor de las poblaciones y el medio ambiente.

En ese sentido, este convenio firmado en 2018 por la entonces ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, obligará a que PRODUCE defina cuáles serán los instrumentos oficiales de participación ciudadana, desde el inicio de los procesos de revisión de proyectos y actividades que pudiesen afectar el medio ambiente y, en nuestro caso, los recursos hidrobiológicos. Por supuesto, esto incluye a las políticas, estrategias, planes, programas, normas y reglamentos.  Hay avances, pero son desiguales y fragmentados. Se necesitan que sean sistemáticos y con determinados estándares que la suscripción de este Convenio contribuya a generar.

Por tener un carácter vinculante, el Perú tendrá que asumir el Acuerdo de Escazú como un compromiso internacional que, en el resto de sectores productivos, convocará a otros ministerios. Pero, en el caso del sector pesquero, queda claro que el papel de PRODUCE será determinante para que este tipo de convenios tengan efectividad real.

Hay que tomar en cuenta que el 66,8 % de conflictos sociales en el Perú son de carácter socioambiental, según detalla la Defensoría del Pueblo en su reporte de julio de este año. Por tanto, resulta imperativo que el Estado escuche a la población, consolidando la confianza y legitimando la gestión de los recursos naturales. De otro modo, todos los convenios serán meros saludos a la bandera.