No mandemos al Perú por la borda

Hace poco tiempo, la ministra de Economía hablaba sobre el riesgo de “mandar al país por la borda” refiriéndose a algunas normas que el Congreso de la República pretende promulgar con respecto a los sistemas pensionarios actuales, y aludiendo sobre todo a la destrucción de los fondos ya existentes y quizás al análisis superficial, por parte de algunos congresistas, de la reforma integral de pensiones.

Desde la instalación del presente Congreso se ha comentado mucho sobre la necesidad de una reforma integral de los diversos sistemas de pensiones existentes en el Perú, como el Sistema Privado de Pensiones (SPP), la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y Pensión 65, y se ha elaborado una propuesta que considera la creación de una nueva institución del Estado, llamada Organismo Público de Pensiones (OPP), para la gestión de los regímenes ya existentes, pretendiendo resolver de esta forma los problemas que enfrentan los adultos mayores en la actualidad.

Pero cualquier reforma debe partir con claridad de objetivos y debe realizar un profundo análisis de los mecanismos necesarios para su consecución. Habría que recordar estos aspectos a los congresistas de buena voluntad que pretenden ayudar a nuestros mayores y evitar que otros saquen provecho de los futuros pensionistas, ilusionándolos con imposibles financieros o jurídicos. Los objetivos principales de cualquier sistema de pensiones son tres: en primer lugar, la mayor cobertura; en segundo lugar, la sostenibilidad financiera; y en tercer lugar, la generación de un nivel adecuado de pensión, lo que incluiría la creación de una pensión mínima para todos los adultos mayores. Dicho de otra forma, el objetivo principal de cualquier sistema de pensiones debería ser asegurar un nivel adecuado de ingreso sostenible mensual a todos los adultos mayores.

Sobre el primer objetivo, se requiere simplificar los procesos y no complicarlos a través de la creación de nuevos organismos como la llamada OPP. Asimismo, no se deben incrementar los costos operativos de los sistemas actuales pensionarios y por lo tanto incentivar el crecimiento de la informalidad. La mayor cobertura pasa por generar incentivos como los mecanismos de “matching contribution”, donde el Estado aporta de manera conjunta con el trabajador a su cuenta individual para su pensión, o el mecanismo de capital semilla, donde, desde su nacimiento, el ciudadano peruano recibe un aporte para su pensión cincuenta o sesenta años después.

En cuanto al segundo objetivo, se debe generalizar el mecanismo de las cuentas individuales de capitalización, que ya opera en el caso del SPP, y centralizar toda la regulación sobre sistemas pensionarios en la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS); para nada se requiere de una nueva institución, la cual, según la propuesta, no tendría autonomía institucional al depender del Primer Ministro. Adicionalmente, en lo relacionado con la generación de una pensión mínima universal, se necesita definir claramente las fuentes de financiamiento.

En tercer lugar, sobre el objetivo de un nivel de pensión adecuado, más allá de la generación de una pensión mínima, definida ésta como una pensión que evite la pobreza de los adultos mayores, ya en el caso del SPP el tema está resuelto para los ciudadanos que han trabajado durante la mayor parte de su vida dentro de la formalidad económica y han contribuido de forma permanente a su fondo individual, pero no para la población económicamente activa (PEA), que se mueve dentro de la informalidad –aproximadamente un 70 %–, ni para aquellos que por diversas razones no han aportado lo suficiente.

La unificación de todos los sistemas existentes debiera ser un objetivo a lograr paulatinamente, donde quienes por sus propios medios logren pensiones adecuadas no recibirían ningún aporte del Estado peruano, y a quienes no les alcance su fondo acumulado para una pensión mínima deberían recibir un subsidio por única vez para la generación de esa pensión.

La reforma integral de los sistemas pensionarios en el Perú es un tema muy complejo que hay que estudiar con profundidad y analizar las distintas experiencias a nivel mundial, así como consultar con organismos multilaterales como el Banco Mundial, que viene estudiando el tema por muchos años.

No tiremos por la borda los avances obtenidos en las últimas décadas. Quizá no sea el tiempo apropiado para esta discusión y un nuevo Congreso, más ecuánime y no en un momento de competencia electoral, debiera ser el que lleve adelante esta reforma. Se lo debemos como sociedad a los viejos del mañana.