La declaración universal de los derechos humanos en 1947, firmada por representantes de todas las regiones del mundo, marca un hito en la historia en el que la libertad, la justicia y la paz en el mundo se definen como los pilares de nuestra convivencia. Pero centrémonos en la libertad, que engloba la libertad de expresión, de elegir y comprar según nuestras preferencias y disposición, y de gozar de la renta generada por nuestro trabajo. Milton Friedman, un gran pensador económico sostuvo que “uno de los grandes errores es juzgar las políticas por sus intenciones antes que por sus resultados”. Por tanto, debemos de analizar las políticas por su contenido y su racionalidad, antes que por nuestras emociones o nuestras percepciones personales sobre la riqueza o, por ejemplo, el valor de los carros que manejan otras personas.
Al considerar elevar la presión fiscal sobre los sectores que ya tributan, debemos de preguntarnos si es el momento adecuado. Frente a la crisis por la pandemia, tanto económica como social, los sectores apenas vienen recuperándose y atravesando una situación donde las políticas fiscales deberían ser más expansivas que contractivas. Nuestra situación es que los mercados siguen retomando tímidamente sus antiguos niveles de operaciones, por lo que presionar a los agentes que aún dudan si retornar a los niveles pre-pandemia no es óptimo.
En esta nube de intenciones que tiene el gobierno, cabe una duda adicional: ¿Qué planes tiene el Estado con este incremento de ingreso fiscal? Sin tener claro el fin de la recaudación, el mercado recibe información parcial y percepciones, posiblemente, erróneas sobre los planes del Estado. Alejados de la situación de emergencia y encapsulados en ideologías no promovemos la confianza de la población y por ende el del sector empresarial para impulsar nuestra economía, aquella cuyo éxito es promovido por nuestra libertad de decidir.
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