Después de la tormenta viene la calma, reza un dicho popular. Y con la calma han de venir las decisiones importantes para el país, y ojalá que sean a favor de los pequeños. Me refiero a los que siguen postergados porque la mayoría de las leyes que dictó el Congreso disuelto no los benefició y más bien hicieron de todo por beneficiar a los grandes, a los que ya tienen y quieren más, a las transnacionales, a los grandes agroexportadores y por supuesto a sus millonarios negocios, de ellos y de sus amigos y financistas. La batalla contra la corrupción porta dos banderas, una es de paz y la otra de justicia, y la justicia no será mientras los pequeños sigan en el olvido.
Esfumada la polvareda es posible ver a las peruanas y peruanos que siguen esperando políticas adecuadas para sus vidas, no migajas, no insignificantes transferencias condicionadas, sino oportunidades para salir adelante con sus propios medios. Es el caso de los pequeños agricultores y sus familias, que siguen esperando buenas carreteras para ir y venir con sus productos, para acceder a las escuelas y a las capitales; pero también esperan recursos que les permita potenciar la actividad agropecuaria en sus territorios hoy concesionados en vastas extensiones a las mineras.
Miles de familias cuyas comunidades ya fueron trasgredidas por las actividades extractivas hoy sufren las consecuencias. En estos días, se han congregado en el II Encuentro nacional de afectadas y afectados por metales tóxicos, viniendo de Loreto, Amazonas, Cajamarca, Ancash, Región Lima, Junín, Cerro de Pasco, Moquegua, Cusco y Puno, con el lema: Salud, territorio y agua para los pueblos.
Solo el Lote 192 de Petroperú ha generado dos mil sitios contaminados que afectan a los pueblos indígenas asentados en las cuencas de Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón según un estudio con el Ministerio de Salud. Quedan por delante muchas medidas de remediación, entre ellas la atención especializada a las niñas y niños con metales pesados en el cuerpo por efecto de la contaminación de sus fuentes de agua y los residuos ambientales, aunque se sabe que algunos daños son irreversibles.
Mujeres grandes y valientes como Melchora Surco y Carmen Chambi de Espinar-Cusco, Teresa Cuñachi de Imaza-Amazonas, Margarita Machaca de Melgar-Puno, Yolanda Zurita de La Oroya-Junín y muchas otras, hoy exigen justicia para los más de 7000 afectados con metales pesados en el cuerpo, y es que la minería es la sentencia de muerte para sus hijos e hijas y sus ecosistemas. Mientras el Estado siga asumiendo que la minería es la principal fuente económica del país, sin dinamizar otras actividades con la agricultura y el turismo, habrá dinero y trabajo para unos pocos, a la vez muerte y destrucción.
En las calles la gente siente que respira otro aire después del cierre del Congreso, pero eso es en Lima y en las otras capitales. Pero el aire que respiran los pueblos afectados por la industria extractiva sigue siendo el mismo y los sigue matando.
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