El Estado debe invertir más en prevención de la violencia familiar

El pasado 23 de enero una madre agredió a su hija de apenas cuatro años dejándole la nariz con sangre en su puesto de venta de una galería en La Victoria. Uno de los espectadores la grabó y el hecho, como muchos, fue difundido por los medios. En ese entonces, yo escuchaba la radio.

La madre fue detenida y dieron la custodia de la menor al padre que también le pegaba. Me llamó la atención que su propia madre sea la que ejerciera violencia contra su hija. También pude percatar la sobre reacción del público oyente contra la mujer que apenas podía llamarse madre, y menos cuidar de su hija.

¿Acaso era la separación definitiva de la niña de su madre la solución? Claudia León, directora de la asociación Buckner, tiene claro que las familias primero deben recibir apoyo del Estado o sociedad civil. Y creo que podría darse un mejor apoyo oportuno que no se está dando como se podría.

“Hay mujeres que golpean al niño, pero alguien les ha preguntado qué tan desbordadas o deprimidas están, qué acceso tienen a la salud mental, quién las escucha o aconseja. Es importante quitar el prejuicio (contra el agresor) y los profesionales tienen que verlo así”, dice.

León señala que hay una normalización de la violencia. “Mucha gente ha crecido así, hay una tendencia de golpear a quien fue golpeado y aprenden a relacionarse desde la violencia. Se pueden hacer cambios, pero implican una inversión importante en prevención”, sostiene.

La abogada y directora de Buckner destaca la labor que viene haciendo la asociación en tres sectores vulnerables, dos en Lima y uno en Cusco, donde hay más de 140 hombres que eran agresores y han dejado de serlo, al igual que mujeres que han sido violentas y ya no lo son. Esto requiere trabajo y seguimiento.

“Tenemos una aproximación holística. Trabajamos con todos los componentes de la familia, desde lo sicológico, educativo, espiritual, salud, desarrollo económico”, explica y agrega que “buscamos que la familia esté saludable, dándole herramientas para solucionar sus problemas sin violencia”.

El ente que decide por el menor en desprotección es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), pero actualmente el proceso demora mucho. Se requieren profesionales que sepan muy bien hasta cuándo se debe trabajar con la familia y cuando ya no es posible trabajar en una reinserción. 

“Estamos muy enfocados en la atención inmediata, que tiene que hacerse y hacerse mejor. Pero si queremos hacer un cambio más profundo hay que invertir en la prevención. No solo ir a escuelas y dar charlas, es bueno, pero hay que trabajar con toda la familia”, señala León.

El presupuesto del MIMP para el 2020 asciende a 574 millones de soles, de los cuales el 27.9% están destinados a la reducción de la violencia contra la mujer y 32.3% a proponer acciones desde distintos niveles multisectoriales para los casos de violencia contra la mujer. Cifra nada menor, pero ¿en que hemos mejorado?

Si bien hoy se está visibilizando más la violencia, pareciera un espiral que no tiene cuando acabar. Más que centrarse en la violencia contra la mujer, el MIMP debería invertir en políticas de prevención contra la violencia familiar. Tal vez un cambio en el enfoque del problema que incluya a la familia podría ayudar.