Acusan de fraude fiscal a exdirector gerente del FMI, Rodrigo Rato

La Oficina Antifraude del Ministerio de Hacienda de España acusó hoy al exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rodrigo Rato de haber defraudado a través de una maraña societaria en torno a siete millones de dólares entre 2004 y 2015.

Fraude fiscal. Según el informe final remitido por la Oficina a un juzgado de Madrid, el que también fuera ministro de Economía y vicepresidente durante el Gobierno de José María Aznar (1996-2004) obtuvo rentas no declaradas superiores a los 14 millones de euros entre 2004 a 2015.

Durante ese periodo pudo haber defraudado esos siete millones de dólares, aunque si se excluyen los ejercicios anteriores a 2009, fiscalmente prescritos, el supuesto fraude sería de unos cinco millones y medio aproximadamente.

Rodrigo Rato habría delinquido -según el informe- mediante "ganancias de patrimonio no justificadas derivadas del tráfico de dinero con el extranjero y no declarado fiscalmente; ganancias de patrimonio sin previa transmisión de rentas, rendimientos de actividades económicas como conferenciante y gastos de la actividad empresarial que no son deducibles".

El documento de la Oficina Antifraude hace referencia a tráfico de dinero a través de las sociedades panameñas Red Rose Limited y Westcastle, la británica Vivaway, y la española Kradonara, que habrían sido utilizadas para ocultar rentas del propio Rato.

La investigación sobre el origen de la fortuna del exdirector del FMI empezó en abril de 2015, cuando las presuntas irregularidades llevaron a la policía a registrar su domicilio y su despacho profesional. Rato estuvo al frente del FMI entre 2004 y 2007. 

No delinquió. En su defensa Rato dijo que ha actuado conforme a las leyes tributarias y que contestará "puntualmente" al Ministerio español de Hacienda.

El ex alto funcionario del FMI negó esas acusaciones y afirmó que podrá demostrar que "en todo momento" ha actuado conforme a las leyes tributarias. También subrayó el hecho de que hayan pasado 19 meses desde el registro de su domicilio y su detención para que la Oficina Antifraude remitiera al juzgado su informe definitivo.

EFE