Evitarán cobros abusivos y absurdos en la administración pública

El congresista Jaime Delgado, secretario de la Comisión de Defensa del Consumidor del Parlamento, anunció que hoy presentará un proyecto de ley que busca defender a los usuarios de los cobros abusivos y los trámites absurdos de la administración pública.

En declaraciones a RPP Noticias, criticó el aumento del precio de los certificados domiciliarios, los permisos de mudanza y los certificados policiales y de antecedentes penales, que en algunos casos se incrementaron hasta en 400%.

“Los certificados de antecedentes judiciales cuestan como 60 soles y no se está cumpliendo el precepto del Código Tributario, que señala que para el cobro de tasas no se puede cobrar sino exactamente el costo de producción”, indicó.

Entre los trámites absurdos, refirió que un municipio del país, de los 1.800 existentes, expide el certificado de soltería, el cual dijo “no tendría ningún valor”, porque solo asegura que no estoy casado en ese lugar, pero podría estarlo en otro.

También cuestionó los certificados de supervivencia que emite la Policía, los cuales - dijo - no son confiables, pues no se verifica de manera fehaciente la identidad de la persona que busca acreditar que aún vive.

Delgado señaló, además, que las municipalidades cobran por expedir un certificado de zonificación cuando el ciudadano quiere poner un restaurante u otro negocio, a pesar que ellos mismos tienen esa información y conocen la zonificación del distrito.

Explicó que su proyecto de ley propone que si se identifica un cobro abusivo o irracional que no esté justificado, y si el titular de la institución, pese a haber sido notificado para que cese con el cobro ilegal persistiera en su incumplimiento, “tendría que destituirse al funcionario y la responsabilidad tendría que ser personal”.

Delgado planteó también constituir una mesa de trabajo con el sector empresarial, la sociedad civil y la propia administración pública enriquecer el proyecto de ley y hacer más eficiente la norma.

“No podemos estar con una administración tan pesada que simplemente pone una tasa, un requisito y nadie lo cuestiona, y todos los ciudadanos tengamos que aceptarlo calladamente”, indicó.