Graña y Montero desistió de demandar al Estado peruano ante el CIADI

La empresa Graña y Montero retiró su solicitud presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para iniciar una demanda de arbitraje contra el Estado peruano por la resolución del contrato del proyecto Gasoducto Sur Peruano.

A través de un comunicado, Luis Díaz Olivero, gerente general de la constructora peruana, informó a la consejera legal del CIADI, Verónica Lavista, que la empresa peruana "retira y desiste de la solicitud de arbitraje" que planteó el 17 de octubre pasado.

El Gasoducto Sur Peruano es un proyecto estimado en más de 7,300 millones de inversión para construir un sistema de transporte de gas natural que conectara las regiones de Cusco y Moquegua.

El consorcio integrado por la brasileña Odebrecht (con 55%), la española Enagás (25%) y la peruana Graña y Montero (20%) obtuvo la buena pro en 2014. Sin embargo, tres años después el Estado peruano rescindió el contrato por la incapacidad de la asociación de obtener los fondos necesarios para financiar la construcción de la megaobra.

Enagas presentó a mediados del 2017 su solicitud de arbitraje ante el CIADI y cifró en 1,980 millones de dólares (monto valorizado por una firma de peritos independientes contratada por el grupo español según informaron medios europeos) el supuesto perjuicio ocasionado por el Estado peruano.