El club azulgrana es acusado de cometer un delito fiscal por un presunto fraude al menos de 9,1 millones de euros por la contratación del crack brasileño.
El expresidente del Barcelona Sandro Rosell se verá las caras el próximo martes con el juez de la Audiencia Nacional de España Pablo Ruz tras su imputación el 22 de enero por un delito de apropiación indebida en el fichaje del delantero brasileño Neymar, lo que provocó su dimisión al frente del club.
Rosell tenía que declarar el pasado 13 de junio, pero el juez Ruz lo aplazó a petición de su abogado, Ignacio Ayala, que alegó tener un juicio en esas fechas.
Ese día también está citado a declarar el representante legal del Barcelona, Antonio Rossich, que tendrá que responder ante el juez por el delito fiscal imputado al club por un presunto fraude de 9,1 millones de euros por el fichaje del brasileño.
El juez decidió llamarles a declarar como imputados tras recibir un informe de la Agencia Tributaria, fechado el 30 de mayo, que confirma que el Barcelona, imputado ya en esta causa como persona jurídica, cometió un delito fiscal al defraudar a Hacienda al menos 9,1 millones de euros en el fichaje de Neymar da Silva.
Esa cantidad podría aumentar hasta los 11,7 millones de euros si se confirma la posible defraudación de 2,6 millones en el ejercicio de 2014.
En esa misma resolución, Ruz acordó también preguntar a las partes sobre la procedencia de dirigir el procedimiento a las personas intervinientes en los diferentes contratos objeto de investigación, lo que podría afectar al actual presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, y al padre del delantero brasileño, entre otros.
El mismo día Ruz tomará declaración como testigo Artur Amich, socio auditor de la firma Deloitte y responsable de los informes de auditoría de cuentas anuales del FC Barcelona del 30 de junio de 2012 y de 2013.
El contrato de Neymar se firmó en Barcelona el 3 de junio de 2013 entre el jugador y su padre, de un lado, y Rosell y el presidente actual del club, Josep Maria Bartomeu, de otro, pero no entró en vigor hasta el 29 de julio de 2013, pactándose una duración de 5 años.
EFE
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