Inicio del Calcio italiano se retrasa por huelga de futbolistas

Los jugadores de la Primera División italiana acordaron la convocatoria de una huelga para la primera jornada de Liga, ante la negativa de los clubes a firmar la renovación del convenio colectivo de los futbolistas.

El presidente de la Asociación de Futbolistas Italianos (AIC), Damiano Tommasi, anunció la convocatoria de esta huelga tras tres días de intensas negociaciones entre las partes para evitar el aplazamiento del comienzo del campeonato liguero, previsto para este fin de semana.

Ante la decisión de los jugadores de no salir al campo este fin de semana, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) anunció su decisión de aplazar la primera jornada de Liga, aunque no precisó la nueva fecha para la celebración de los encuentros.

La decisión de los jugadores llega después de que la Liga italiana, que incluye a los clubes de primera división, rechazara las propuestas avanzadas tanto por la FIGC como por los propios jugadores, que pretendían asegurar el comienzo del campeonato.

Y es que la Liga sigue negándose a ratificar un convenio colectivo que no contemple las exigencias de los clubes italianos respecto al pago del llamado "impuesto de solidaridad" por parte de los jugadores y a la absoluta autonomía del equipo técnico a la hora de decidir cómo se desarrollan los entrenamientos de la plantilla.

En un principio, el principal punto de desencuentro entre jugadores y entidades fue precisamente el artículo 7 del convenio, por el que la Liga Serie A establecía la posibilidad de que el equipo técnico de los clubes decidiera unilateralmente que un jugador se entrenase por separado del resto de la plantilla.
Una medida que se topó con la oposición de la AIC, que consideraba que podría llevar a "discriminaciones".

A este punto de confrontación se sumó la introducción en los últimos días del impuesto de solidaridad, incluido en el último plan de ajuste presupuestario del Gobierno de Silvio Berlusconi y que todavía no ha sido ratificado en el Parlamento, que contempla tasar con un 5 % adicional las rentas superiores a 90.000 euros y con 10 % las que excedan los 150.000 euros.

La disputa en este caso se centraba en ver quién debe asumir el coste de este impuesto.

EFE