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por Redacción RPP
·La Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU) indicó que la iniciativa legislativa presentada por la congresista Patricia Chirinos busca, además, devolver a las municipalidades la planificación del transporte urbano.
La Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU) expresó su preocupación por el proyecto de ley presentado por la congresista Patricia Chirinos, el cual propone derogar la Ley N.º 30900 y disolver a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).
Esta iniciativa legislativa, además, pretende devolver a las municipalidades la planificación del transporte urbano, lo que según indicó la ACTU, afectaría el Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao (SIT).
“La ATU fue creada para corregir décadas de caos, informalidad y superposición de rutas ocasionadas por la mala gestión y los conflictos institucionales entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Provincial del Callao”, se lee en el documento emitido por la ACTU.
“En su rol como ente técnico, la ATU ha fortalecido progresivamente el SIT, permitiendo -tras más de 25 años- implementar un nuevo Plan Regulador de Rutas, otorgar autorizaciones de operación con estabilidad jurídica, iniciar procesos de renovación de flota con criterios ambientales y desarrollar capacidades de fiscalización coordinadas”, agregó.
Posibles consecuencias
En su pronunciamiento, la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU) detalló las posibles consecuencias inmediatas y graves que se generarían si la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) es eliminada. Estás sería:
• Se rompería la planificación unificada del transporte urbano de Lima y Callao, generando superposición de rutas, conflictos entre las municipalidades y pérdida de eficiencia.
• Se cancelaría el proceso de integración operativa y tarifaria, frustrando la interoperabilidad entre buses de rutas autorizadas, corredores complementarios, Metropolitano y líneas de metro.
• Se debilitaría la fiscalización técnica, al transferirse a autoridades sin capacidades ni continuidad institucional.
• Se anularía el régimen de autorizaciones formales de 5 años, y quedarían sin efecto las ampliaciones de autorización de hasta 13 y 19 años que promueve la inversión y renovación de flota de energías limpias.
• Se interrumpiría la ejecución de políticas públicas de movilidad sostenible, diseñadas en el marco del Decreto Legislativo N.º 1678.
Finalmente, la ACTU exhortó al Congreso de la República a rechazar esta propuesta legislativa, al calificarla como "regresiva, ineficaz y perjudicial".
"En lugar de desmantelar lo construido, lo que Lima y Callao necesitan con urgencia es una ley que fortalezca a la ATU como un organismo regulador, autónomo, profesional y técnico", concluyó.
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