La nueva Ley Universitaria permite que los rectores de las universidades públicas y privadas asuman algunas funciones que tenía la ANR como la elección de los representantes de diferentes órganos colegiados.
Al ser creada la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu), como consecuencia de la aprobada Ley Universitaria, la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) tendría que cerrar 90 días después de la instalación del grupo de trabajo que la desactivará. Sin embargo, los miembros del ente universitario contemplan dos vías para evitar el cierre de su institución.
En primer lugar, esperarían que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de la ley promulgada. Es por ello que han sido presentadas varias acciones de inconstitucionalidad tanto por congresistas como organizaciones externas a la ANR.
Además, también argumentan que los 90 días de plazo que señala la Ley Universitaria para el cierre definitivo de esta institución aún no transcurre debido a un incumplimiento en la conformación del grupo de trabajo que desactivará a la ANR, ya que este se reunió diez días después del plazo establecido. La Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Lima se encarga del caso.
Por otro lado, está la posibilidad de que las autoridades de la ANR conformen una nueva asociación de rectores, una figura que se contempla dentro de la nueva Ley Universitaria.
La aprobada ley señala que los rectores de las universidades públicas y privadas continuarán eligiendo o proponiendo a los representantes de diferentes órganos colegiados como el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), como lo venía haciendo la ANR. Por lo que se señala que para tal efecto sus exmiembros puedan constituir la Asociación respectiva.
Entonces, la otra alternativa es que los rectores pueden reunirse para formar una asociación, pero con otro nombre, que tentativamente sería Asociación Nacional de Rectores, según indica representante legal de la ANR Cruzado Medina en declaraciones al portal web de La Republica.
La nueva institución, la cual funcionaría con recursos de las propias universidades, además tendría entre sus funciones la coordinación interuniversitaria y otras actividades no vistas por la nueva Ley Universitaria.
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