Ciudadanos realizaron plantón frente al Palacio de Justicia por la separación de Richard Concepción Carhuancho (izquierda). En San Juan de Lurigancho, los ciudadanos siguen a la espera de que se restablezca el servicio de agua. | Fuente: Andina

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Una de las grandes lecciones de los últimos meses es que los ciudadanos están decididos a movilizarse para exigir que se respeten sus derechos. Se nos había dicho que los partidos habían terminado su ciclo histórico, que vivíamos en la época del individualismo consumista y despolitizado y que las redes sociales motivaban que los jóvenes vivieran en mundos paralelos y atomizados. Hoy sabemos que no es así.

Nuestro país ha ampliado su cobertura educativa, todos hemos aprendido lo que significó el totalitarismo terrorista, la población está cada vez más informada y reaccionamos con horror a las noticias que nos llegan de Venezuela y Nicaragua. Nuestras instituciones son imperfectas, tanto las estatales como las partidarias, pero se ha consolidado la exigencia de una democracia que garantice la igualdad ante la ley y un sistema económico que aumente nuestra productividad y mejore las condiciones de vida.

Ese nuevo estado de la conciencia colectiva se ha mostrado con contundencia en las movilizaciones por una justicia independiente, así como ante males mucho más concretos: los feminicidios, el maltrato en hospitales y desde el domingo pasado a propósito la inundación de aguas servidas en San Juan de Lurigancho.

Cuando bajen definitivamente las aguas podremos saber por qué los trabajos de infraestructura en un distrito pujante han sido hechos con ligereza manifiesta. Y por qué SEDAPAL no reaccionó a tiempo cuando aparecieron los primeros indicadores de lo que debía ser una desgracia sin precedentes en nuestra capital. El Congreso ha reaccionado y algunos ministros han debido responder a vecinos enardecidos, hartos de escuchar promesas vacías.

La separación de Concepción Carhuancho

El fenómeno de exigencia e irritación es el mismo en materia judicial. Naturalmente es algo excepcional que un juez sea apartado de una causa avanzada y compleja. Sobre todo si esa causa concierne a personalidades con poder político y económico. Nos guste o no, el juez Richad Concepción Carhuancho se ha vuelto un personaje popular.

La razón es simple: ha modificado la imagen de un poder judicial integrado por funcionarios grises y entregados con frecuencia a la corrupción. La revelación de los audios en los que escuchamos el nivel de cinismo que prevalecía en la Corte del Callao no nos puede dejar indiferentes.  Fue nada menos que un Presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, el que nos dijo que situaciones semejantes se registraban en por lo menos catorce de las 34 Cortes Superiores que tenemos en el Perú.

La separación del juez Carhuancho es tanto más chocante que fue solicitada por un prófugo de la Justicia, el exministro fujimorista Jaime Yoshiyama. La Corte de Apelaciones que lo separó del caso cocteles de Fuerza Popular ha tenido el mérito de dar la cara para ofrecer explicaciones al país. Nos ha dicho que reemplazará a Carhuancho un juez designado de manera aleatoria, cuya imparcialidad será observada de cerca por autoridades y ciudadanos. Si eso es verdad, lo sabremos a medida que la causa avance, veamos la transmisión pública de las audiencias y conozcamos las sentencias.

Pero la exigencia de derechos tiene una contrapartida igualmente necesaria: el cumplimiento de deberes. La expresión más antigua y universal de ellos es el pago de impuestos. Por eso ha tenido razón el exministro Alonso Segura de llamar la atención sobre las reformas pendientes que permitan que no sigamos teniendo una presión tributaria inferior al 14% de nuestro PBI. Es necesario ampliar la base de los contribuyentes, recortar exoneraciones y reducir la evasión y la elusión. Sin recaudación eficiente y justa, no tendremos nunca un Estado que esté a la altura de las exigencias de los ciudadanos.

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