Al menos 5 de los más de 11 millones de indocumentados que residen en Estados Unidos se beneficiarán de las medidas ejecutivas que anunció este jueves el presidente Barack Obama en un discurso televisado.

"¿Somos una nación que tolera la hipocresía de un sistema en el que los trabajadores que recogen nuestra fruta y hacen nuestras camas nunca tengan la oportunidad de estar de acuerdo a la ley? ¿O somos una nación que les da la oportunidad de hacer las paces, asumir sus responsabilidades, y dar un futuro mejor a sus hijos?", se preguntó en su discurso Obama.

La parte clave del plan de Obama beneficiará a los indocumentados que tengan hijos que son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, que demuestren que llevan en el país desde antes del 1 de enero de 2010 y carecen de antecedentes criminales.

Estos indocumentados evitarán la amenaza de la deportación por tres años y obtendrán un permiso de trabajo, según el plan.

A la medida podrán acogerse unos 4 millones de indocumentados, mientras que el millón restante se verá protegido por otras acciones como la ampliación de la Acción Diferida (DACA), un plan de 2012 para evitar la deportación de jóvenes que llegaron al país siendo niños.

Para acogerse al nuevo programa para padres con niños estadounidenses o residentes permanentes, los potenciales beneficiarios deberán demostrar que su hijo nació antes del anuncio del presidente y que llevan en el país al menos cinco años.

También tendrán que someterse a una verificación de sus antecedentes criminales y pagar una serie de tasas.

DACA

En cuanto a la DACA, que ha evitado la deportación de más de 580.000 jóvenes indocumentados desde agosto de 2012, hasta ahora dos de los requisitos básicos eran ser menor de 31 años y haber entrado en el país antes del 15 de junio de 2007.

De acuerdo con la Casa Blanca, con las medidas ejecutivas de Obama ese programa beneficiará ahora a todos los jóvenes que llegaron a EE.UU. antes de cumplir 16 años y con anterioridad al 1 de enero de 2010, con independencia de la edad que tengan actualmente.

Se había especulado con que las medidas ejecutivas de Obama iban a abarcar también a los padres de los beneficiarios de la DACA, pero este jueves una alta funcionaria de la Casa Blanca explicó que eso "va más allá de la autoridad legal" del presidente para actuar por decreto.

La Casa Blanca estima que de los cambios en la DACA podrán beneficiarse al menos otros 270.000 jóvenes indocumentados.

SISTEMA DE VISAS

Otros de los cambios afectará al sistema actual de visas y permisos de residencia, con énfasis en emprendedores que permitan atraer inversión y crear empleos, así como en estudiantes de campos como la tecnología, ingeniería, ciencia y matemáticas.

La alta funcionaria adelantó, antes del discurso de Obama, que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) no empezará a aceptar solicitudes al menos "hasta la primavera" próxima, en el caso del programa para indocumentados con hijos que son ciudadanos o residentes permanentes.

Todas estas medidas "son un primer paso", pero es el Congreso el que debe "actuar" a continuación con la aprobación de una reforma migratoria integral, remarcó la alta funcionaria.

DEPORTACIÓN A INMIGRANTES INDOCUMENTADOS DE 2014

La Casa Blanca adelantó que por mandato de Obama, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) elaborará una nueva guía de acción para que la política de deportaciones se centre en los criminales, personas con delitos vinculados a la seguridad nacional y aquellos que cruzaron la frontera desde el 1 de enero pasado.

Las acciones que está adoptando el presidente "aumentan las posibilidades de que cualquier persona que intente cruzar la frontera ilegalmente hoy sea capturada y expulsada", enfatizó la Casa Blanca.

Las acciones ejecutivas que Obama anunció este jueves también contemplan un plan para fortalecer la frontera sur, donde los recursos del DHS destinados a la seguridad están "en su mayor nivel" de la historia, de acuerdo con la Casa Blanca.

Además, se reemplazará el programa Comunidades Seguras, que permite a las autoridades verificar los antecedentes migratorios y delictivos de los extranjeros que son detenidos, por otra iniciativa centrada en procesos de expulsión de condenados por delitos penales.

EFE