Defensoría saluda decisión de Indecopi de sancionar a aseguradora

El Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, recordó que este caso fue de preocupación del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.

 

El Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, saludó la confirmación de la sanción por discriminación impuesta por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), a la empresa Rimac Seguros, ante su negativa a otorgar un seguro de asistencia médica a la joven Sandra Céliz Rossi, por su condición de persona con síndrome Down. 

En una nota de prensa, señalan que desde enero de 2011 la Defensoría del Pueblo realizó un seguimiento al proceso que los padres de Sandra Céliz Rossi iniciaron ante indecopi, interviniendo con la presentación de informes técnicos -en calidad de amicus curiae-, que sustentaban cómo las empresas privadas que niegan un seguro de vida o salud a una persona con discapacidad incurren en una acción discriminatoria, al contravenir las obligaciones impuestas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Este caso también fue de preocupación del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

Como se recuerda en diciembre de 2011, se emitió una primera resolución declarando fundada la denuncia por discriminación, ordenando a la empresa cumplir con atender la solicitud de afiliación de Sandra Céliz y sancionándola con 50 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Asimismo, dispuso iniciar una investigación de oficio a fin de determinar si otras compañías aseguradoras también incurren en prácticas discriminatorias.

“Esta resolución de gran importancia en cuanto a los avances del Estado peruano en la eliminación de todas la formas de discriminación contra las personas con discapacidad, contribuye a una mayor inclusión social”, enfatizó Vega.

“El mandato de no discriminación contra las personas con discapacidad constituye un límite al ejercicio del derecho a la libertad de contratación de las empresas, en este caso las de seguros. En términos generales, esta resolución advierte al sector privado respecto a la necesaria obligación de respetar los derechos fundamentales de los grupos humanos más vulnerables, sin distinción alguna”, agregó el funcionario.

El Defensor del Pueblo hizo un llamado a los organismos del Estado a velar por que se realicen los ajustes razonables correspondientes para garantizar el acceso a los seguros públicos y privados de las personas con discapacidad y reitera su compromiso por la defensa de sus derechos.