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por Redacción RPP
·La denuncia penal fue presentada por la jueza Edith Chamorro, quien además pidió el embargo preventivo en los bienes de los efectivos policiales involucrados con este caso.
El Ministerio Público denunció penalmente a los efectivos policiales involucrados en la muerte del ingeniero Wilhem Calero Coronel, quien falleció en extrañas circunstancias al interior de un patrullero de las Águilas Negras el pasado mes de julio, informó RPP.
La denuncia fue presentada por la titular de la primera Fiscalía Supraprovincial Penal de Lima, Edith Chamorro, quien estableció el grado de participación individual de los funcionarios policiales implicados en este caso.
La magistrado tomó en cuenta para su denuncia, el atestado del caso así como el resultado de la necropsia, que determinó que Calero Coronel murió por asfixia mecánica tipo estrangulación, traumatismo cervical.
La fiscal Chamorro pidió también, el embargo preventivo en los bienes de los efectivos policiales denunciados a fin de garantizar el pago de una eventual reparación civil a favor de los deudos directos de la víctima, de ser estos hallados responsables.
La denuncia fiscal será evaluada por uno de los cuatro Juzgados Supraprovinciales Penales de Lima, a fin de decidir si se inicia o no un proceso penal a los efectivos policiales involucrados.
La denuncia fue presentada por la titular de la primera Fiscalía Supraprovincial Penal de Lima, Edith Chamorro, quien estableció el grado de participación individual de los funcionarios policiales implicados en este caso.
La magistrado tomó en cuenta para su denuncia, el atestado del caso así como el resultado de la necropsia, que determinó que Calero Coronel murió por asfixia mecánica tipo estrangulación, traumatismo cervical.
La fiscal Chamorro pidió también, el embargo preventivo en los bienes de los efectivos policiales denunciados a fin de garantizar el pago de una eventual reparación civil a favor de los deudos directos de la víctima, de ser estos hallados responsables.
La denuncia fiscal será evaluada por uno de los cuatro Juzgados Supraprovinciales Penales de Lima, a fin de decidir si se inicia o no un proceso penal a los efectivos policiales involucrados.
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