La OCMA inició una auditoría a los procesos seguidos por la jueza Nancy Choquehuanca, a cargo del juicio que se le sigue a Eva Bracamonte y Liliana Castro, quienes la acusan de homofobia.
Tras la denuncia por presuntas prácticas homofóbicas, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) ha iniciado una auditoría a los procesos seguidos por la jueza Nancy Choquehuanca, titular del Juzgado Penal 50 de Lima.
Recientemente, la magistrada fue acusada por Eva Bracamonte y Liliana Castro, procesadas por la muerte de la empresaria Myriam Fefer, en agosto del 2006. Las jóvenes denunciaron que fueron sometidas a una pericia psicológica y psiquiátrica a fin de determinar su comportamiento sexual y su predisposición a cometer actos ilícitos.
Ambas calificaron de “humillantes e indignante” las preguntas formuladas por el psicólogo y cuestionaron que exista una relación entre su sexualidad y un acto de homicidio.
“La auditoría (a la jueza Choquehuanca) es un proceso de oficio, iniciado hace algunos días por la Unidad Anticorrupción de la OCMA”, dijeron fuentes de la OCMA a las que tuvo acceso El Comercio.
El diario también recoge las declaraciones de Silvia Rojas, psicóloga forense de la División de Escena del Delito de la Policía, quien aclaró que las pericias sexuales sí son necesarias en procesos de esta índole.
“Se ha buscado desestimar las pericias. Sí se hacen preguntas sexuales, pero no tan crudas. El criterio de la jueza me parece orientado a precisar si, por la fuerza del vínculo, una hija como Eva pudo haber planeado la muerte de su madre para complacer a su pareja”, manifestó.
Ante los cuestionamientos a la jueza Choquehuanca, salen a relucir anteriores procesos en los que también ha tomado parte la OCMA, tales como el que siguió al maquillador Carlos Cacho, a quien impuso dos años de prisión; y a una pareja de ancianos a los que dispuso su detención para evitar su fuga.
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