El uso de esta herramienta estará regulado por instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adrianzén, descartó que la geolocalización de teléfonos celulares sirva para realizar escuchas telefónicas, por el contrario, explicó que solo registrará la ubicación de criminales que se encuentren implicados en delitos flagrantes y sancionados con más de cuatro años de prisión.
"De ninguna manera, la geolocalización no tienen ese propósito, no va a registrar comunicaciones. La geolocalización solo registra datos del lugar donde sale la llamada y el lugar donde se recibe la llamada", explicó el ministro.
Indicó, además, que esta labor será ejecutada únicamente por la unidad especializada de la Policía Nacional y solo cuando se cumplan tres criterios específicos.
TRES CONDICIONES
"Solo se va a efectuar cuando se den tres condiciones: la flagrancia, para delitos con pena mayor a cuatro años y que contribuya sustancialmente al esclarecimiento del delito", precisó.
El uso de esta herramienta, sostuvo, estará debidamente regulado, pues en un plazo de 72 horas pasará por instituciones como en el Ministerio Público y el Poder Judicial, esta última encargada de revisar el pedido y decidir sobre su aprobación.
"Cuando la policía empiece a hacer esa actividad tiene 24 horas para comunicarlo al Ministerio Público y este, a su vez, tendrá 24 horas para comunicarlo al juez. Por último, el juez tendrá 24 horas para decidir", indicó.
SANCIONES
En caso se cometa un exceso con el uso de la información que se obtenga, los responsables recibirán las respectivas sanciones administrativas, civiles o penales, según corresponda.
Adrianzén consideró que esta medida era necesaria, pues en la actualidad los delincuentes son diestros en el uso de aparatos tecnológicos para cometer crímenes y la policía requería estar en igualdad de condiciones para poder combatirlos.
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