México: Familias de desaparecidos creen clave arresto de exjefe policial

La captura de un exjefe policial vinculado con la desaparición de 43 estudiantes mexicanos es "clave" para esclarecer el destino de los jóvenes, dijo el abogado de los familiares de las víctimas, pero advirtió que es necesario profundizar la investigación.

Francisco Salgado Valladares, quien era subdirector de la Policía municipal de Iguala cuando los estudiantes desaparecieron en septiembre de 2014 a manos de autoridades locales y miembros del crimen organizado, fue detenido el jueves por agentes federales.

"Para nosotros es una detención clave porque fue uno de los responsables que operaron el acto delictivo el 26 y 27 de septiembre. En ese contexto, esta detención es fundamental", indicó a Efe vía telefónica el abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Vidulfo Rosales.

Sin embargo, añadió, "para que (el arresto) tenga éxito es necesario un conjunto de diligencias adicionales; no basta la detención".

El representante de los familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa sostuvo que la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) tiene que desarrollar otras investigaciones.

"La PGR deberá hacer otras diligencias para verificar datos más precisos que nos ayuden averiguar dónde se encuentran los estudiantes o qué es lo que ocurrió con ellos", argumentó.

El letrado consideró que entre dichas diligencias la PGR tiene que determinar cuál fue la participación efectiva de Salgado Valladares en los hechos de septiembre pasado en Iguala, en el estado sureño de Guerrero.

"La detención es importante, ya que puede despejar muchas dudas que hoy día prevalecen en la investigación", indicó.

PIDEN QUE SE PROFUNDICEN LAS INVESTIGACIONES

Según la PGR, la noche del 26 al 27 de septiembre policías de Iguala dispararon contra los estudiantes y causaron la muerte de 6 personas y heridas a otras 25, supuestamente para evitar que los jóvenes irrumpieran en un acto oficial.

Además, 43 estudiantes fueron detenidos por los agentes y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron e incineraron sus restos en un basurero del vecino municipio de Cocula.

Sin embargo, los familiares de las víctimas no están satisfechos con esta versión y exigen que se profundicen las investigaciones, incluyendo la posible participación de miembros del Ejército en los hechos.

El Gobierno ha rechazado tajantemente la participación de fuerzas federales y la fiscalía general se ha negado a abrir una línea de investigación en ese sentido.

La Secretaría de Gobernación (ministerio del Interior) indicó en un comunicado emitido la noche del jueves que Salgado, de 41 años y originario de Iguala, "es señalado por presuntamente haber participado en la detención y entrega de los estudiantes a miembros de la delincuencia organizada".

Precisó que diversas declaraciones de policías de Iguala y de Cocula indican que el detenido fue quien ordenó el traslado de 13 de los estudiantes a la zona de Loma de los Coyotes para ser entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos.

Otros detenidos aseguran que recibía "600.000 pesos (39.241 dólares) mensuales a cambio de prestar protección institucional" a la delincuencia, añadió Gobernación.

El abogado Rosales explicó que, de acuerdo con la investigación oficial, Salgado "es un personaje clave", por lo que ahora "no puede haber excusas de parte de la PGR para hacer diligencias adicionales".
"Si no las lleva a cabo para nosotros sería muy lamentable", añadió.

Señaló que los familiares de las víctimas buscarían entrevistarse con la fiscal Arely Gómez "para exigir que se actúe en esa dirección".

Por la noche, la PGR anunció en un comunicado que recibió a un grupo de padres de los 43 desaparecidos y que durante la reunión "se actualizó la información respecto a los hechos y se establecieron canales de comunicación con los familiares de los estudiantes".

Precisó que estuvieron presentes el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón; el subprocurador especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, Felipe de Jesús Muñoz; la encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Eliana García, y un representante de la Secretaría de Gobernación.

Salgado Valladares, que tiene abiertas investigaciones en su contra por delincuencia organizada y secuestro, se había ocultado en casas de sus familiares en los estados de Guerrero y Morelos y las investigaciones permitieron arrestarlo en Cuernavaca (Morelos).

Entre los más de 100 detenidos por este caso están el exalcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, señalados como autores intelectuales de la desaparición de los estudiantes.

EFE

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