Los ocho presuntos integrantes de la banda afrontan cargos de asociación ilícita para delinquir, coacción, extorsión y homicidio.
Por más de ocho horas se prolongó la audiencia pública, en la Sala Penal Nacional en el Cercado de Lima, donde la jueza Mercedes Caballero García ordenó prisión preventiva por dieciocho meses para siete presuntos integrantes de la banda “La Gran familia chinchana”.
Los acusados fueron trasladados desde la sede de la Dinincri para participar de la audiencia que se inició a las 8:30 a.m. Luego hubo un breve receso y el proceso se reanudó al mediodía.
El representante del Ministerio Público abocado al caso cumplió con argumentar, ante la jueza, las razones por las cuales se pide la prisión preventiva para ocho detenidos, quienes deben afrontar la investigación preparatoria por los cargos de asociación ilícita para delinquir, coacción, extorsión, homicidio en perjuicio del Estado y de otras personas agraviadas.
De los ocho acusados, siete fueron detenidos en el operativo denominado “Melchorita” llevado a cabo en Chincha. La octava personas fue detenida en un operativo en el Callao.
El Poder Judicial acogió el pedido que hizo el fiscal Yuri Iván García Cano para que se imponga la prisión preventiva a siete de los ocho detenidos, para así garantizar su permanencia en la investigación preparatoria que se le sigue.
Estos son: Jorge Hernando Anchante Gutiérrez (Máquina) María del Rosario Martínez Mayuri (Charito), Kevin Jordy Fajardo Rosales (Negro Chincha), Carlos Wilfredo Anchante Gutiérrez (Chatín), Daniel Martín García Ramos (Cheo), Pablo Ronal Tanta Euribe (Cuchay), y Ricardo Junior Muñoz Querevalú (Chato Richard). Los abogados de los siete apelaron la medida.
Además, la jueza dispuso comparecencia restringida sujeta a reglas de conducta para Luis Alfonso Medina Cartagena, quien tendrá que pagar 2000 soles como caución a fin de garantizar su presencia en el proceso de investigación. Sin embargo, el fiscal García Cano apeló la medida.
Los siete con prisión preventiva fueron conducidos a la carceleta del Poder Judicial, donde esperarán a que el INPE defina el penal donde serán internados.
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