Claudina Herrera fue asesinada en el 2005 para luego apoderarse de su bebé recién nacida y venderla.
Ante la posibilidad de ser sentenciado en los próximos días por el delito de difamación en agravio del fiscal de la Nación José Antonio Peláez Bardales, Miguel Herrera Hervias aclaró que la denuncia sobre el supuesto pago irregular al referido magistrado por el caso del asesinato de Claudina Herrera lo hizo “en un momento de indignación y dolor al ver que los responsables del asesinato de mi hija salían en libertad”.
Reveló que dicha acusación fue, en realidad, formulada por la condenada Isabel Palacios Gálvez, quien le hizo saber del aparente hecho por medio de una carta.
“La condenada Palacio Gálvez me remitió una carta, y me dijo que Diana Rivas, Miguel Montoya Montes y Sofía Parravicini iban a salir libres por una cantidad de dinero”, explicó en diálogo a RPP Noticias.
Herrera Hervias dio a conocer que pidió disculpas públicas a Peláez Bardales.
Además, refirió que el Poder Judicial intenta “callarme la boca” con posible sentencia, donde además pagaría una reparación de un millón de soles.
“Sospecho que el Poder Judicial está tratando que yo me calle la boca y quiere meterme adentro para que el crimen de mi hija quede impune”, agregó.
Recordó que hace más de dos años la acción del fiscal permitió que la obstetra Diana Rivas, Miguel Montoya y Sofía Parravicini obtengan su libertad a pesar que dos juicios pidieron contra los querellados 35 años de cárcel.
Como se sabe, el asesinato de la joven Claudina Herrera ocurrió en el 2005 cuando fue sometida a una cesárea clandestina con la intención de arrebatarle al bebé de su vientre.
Posteriormente, su cuerpo fue amarrado, metido en un costal y arrojado cerca al puente Atocongo, para luego apoderarse de la recién nacida y venderla.
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