Los esposos Moisés Cavero y Rosa Camacho relataron que cuidaron del niño desde los dos meses de nacido. Dijeron que su madre, de nacionalidad española, quien ya salió de prisión, trató de ´negociar´ la tutela del menor.
Los esposos Moisés Cavero y Rosa Camacho han emprendido una incansable lucha para lograr la adopción de un niño nacido en prisión, debido a que su madre cumplía una condenada por burrier.
En RPP Noticias, la pareja, calificada como una familia de acogimiento, cuidó del menor desde el año 2008, tiempo en el que tenía apenas dos meses de nacido, ello por decisión de la propia madre, de nacionalidad española y que está inubicable.
El niño, que ahora tiene cinco años, logró sentir que tenía un hogar, pero su suerte cambió drásticamente, cuando su madre salió en libertad y luego quiso "negociar" el que el menor se quede con los esposos peruanos, alegando que no tenía recursos para cuidar de él.
Rosa Camacho contó que fue en vista de que la mujer llegó incluso a maltratar al pequeño y la amenazó a ella y a su esposo con denunciarlos si no le entregaban a su hijo, que se vieron obligados a dejar a la criatura en la Embajada de España, de donde fue derivado al Inabif (Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar).
Señaló que dicha entidad, adscrita al Ministerio de la Mujer, no ha permitido que tanto ella como su marido vean al niño.
"Lo desahuciaron y dijeron que lo declararían en abandono porque no tiene familia. Dijeron que hay una lista de espera de personas que quieren adoptarlo y como el bebe es bonito va a salir como pan caliente", relató Camacho.
MINISTRA DE LA MUJER OFRECE AYUDA
En comunicación con RPP Noticias, la ministra de la Mujer, Ana Jara Velásquez, sostuvo que antes de una adopción el menor en cuestión debe ser declarado en abandono. Sin embargo, le ofreció su apoyo a los esposos peruanos y expresó su disposición para reunirse con ellos lo más pronto posible.
Aseguró que de haber un caso de corrupción en Inabif, se aplicarán las sanciones respectivas. No obstante, aclaró que esta entidad estatal no tiene competencia exclusiva sobre el menor, puesto que es el Ministerio Público el que decide a quién entrega al menor.
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