| Fuente: Presidencia

Pese a la urgencia de diversos temas de política interna, conviene comenzar destacando la importancia de la V sesión del gabinete binacional peruano-boliviano celebrada ayer en Ilo. El experimentado ex primer ministro italiano Giulio Andreotti solía recordar: “Uno no escoge a sus vecinos”. Lo que sí se puede escoger es sea aprovechar las oportunidades que ofrecen las buenas relaciones o bien privarnos de ellas y vivir en un clima permanente de desconfianza y conflicto.  El sustancioso comunicado publicado al término de la reunión entre los Jefes de Estado y sus ministros cubre un conjunto de aspectos que nuestros dos países comparten.

La frontera común de 1,047 kilómetros no impide la vigencia de dificultades y desafíos que no saben de límites geográficos: el contrabando, el narcotráfico, la minería ilegal, la inmigración clandestina, los daños ambientales, la distribución del agua, las epidemias, las amenazas al patrimonio cultural y sobre todo el aprovechamiento de los recursos energéticos. El peor error que puede cometer una política exterior es ideologizarse y subordinarse a visiones cortoplacistas de corrientes particulares. La política exterior debe orientarse siempre en función de los intereses permanentes del Estado.

Nos guste o no Evo Morales y su voluntad de perpetuarse en el poder, lo que nos conviene como país es diseñar planes que den solución a problemas que en parte son comunes y en parte pueden ser resueltos con acuerdos racionalmente concebidos, es decir al margen de prejuicios y temores no fundados. El más claro ejemplo es la falta de una política energética clara, que contribuya a facilitar el acceso al gas y con ello mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas del Sur.

Junta Nacional de Justicia

Racionalidad nos hace falta también en el difícil camino para dotarnos de una Junta Nacional de Justicia. La prioridad de la hora no es atribuir responsabilidades y menos fungir de visionarios después de producidos los hechos. El objetivo es reorganizar un sistema judicial que, como sabemos, estaba penetrado por redes de delincuentes. Es lamentable que el único de los candidatos que aprobara los exámenes sea objeto de cuestionamientos por la revelación de procesos que hubieran debido descalificarlo desde el primer momento. ¿Puede un miembro de la Junta Nacional evaluar y sancionar a fiscales que lo investigan? ¿Informó Pedro Patrón a tiempo y de manera completa a los miembros de la Comisión Especial las imputaciones que le fueron formuladas por entidades públicas?

Por ahora lo único seguro es que los miembros de la Comisión Especial no han dado muestras de indulgencia ni de parcialidad en sus decisiones. Se trata de cinco altos funcionarios y dos rectores que han sabido dar la cara ante situaciones difíciles e inesperadas, a la vez que plantear soluciones prudentes que están en manos del Congreso.

Marcha del Orgullo

La mejor prueba de que el clima de confrontación permanente y el espíritu de facción son nocivos para la evolución de nuestra sociedad es la polémica creada en torno a la autorización para que la Marcha del Orgullo pueda realizarse en la Plaza Bolívar, en el exterior del Congreso. Los que defienden la decisión de Daniel Salaverry recuerdan que no hace mucho se autorizó ahí una marcha promovida por el colectivo “No te metas con mis hijos”, que dista de ser un modelo en materia de tolerancia.

La Marcha del Orgullo existe desde hace décadas en todos los países democráticos, mientras que es reprimida por regímenes autoritarios y aún peor, por gobiernos inspirados por el fanatismo religioso, como es el caso de Irán y otros países en los que se condena a los homosexuales a la muerte por lapidación. No le hace bien a nuestra democracia que la hostilidad contra Daniel Salaverry contamine un intercambio sereno sobre temas de sociedad que deben ser abordados con respeto a la diversidad y a la igual dignidad de todos los seres humanos.

Las cosas como son