Edificios públicos no iluminarán fachadas y suspenderán el uso de calefacción durante el próximo invierno.
El Gobierno uruguayo pedirá a las oficinas públicas limitar el horario de trabajo hasta las 18 horas, no iluminar las fachadas y suspender el uso de calefacción durante el próximo invierno para ahorrar hasta un 10 % de energía, informó hoy la página web de la Presidencia.
Con este decreto, llamado "Plan coyuntural de ahorro de energía para el sector público", el Gobierno pretende enfrentar los crecientes problemas energéticos del país, agravados en las últimas fechas por la ausencia de lluvias que han causado que las principales centrales hidroeléctricas del país estén produciendo su mínimo histórico.
Las medidas decretadas apuntan, además de no prolongar el horario laboral, a no iluminar las oficinas y carteles exteriores de los organismos oficiales "exceptuando la iluminación imprescindible por razones de seguridad" y en cualquier caso, disminuir la iluminación de los locales "como mínimo al 50 por ciento".
Además, exige a los funcionarios "no dejar en modalidad de espera los equipos eléctricos" y suspender la calefacción eléctrica "salvo los aires acondicionados, cuya temperatura será regulada a 21 grados centígrados como máximo".
Otras iniciativas serán controlar que los calentadores de agua no superen los 60 grados en los termostatos y dejar sin funcionamiento las escaleras mecánicas y la mitad de los ascensores "si las características de cada local lo permiten".
El Gobierno pidió también a las autoridades locales controlar el alumbrado público y que éste no se encienda en horas de luz natural.
Para fiscalizar el cumplimiento de esta iniciativa se estableció un grupo técnico vinculado al Ministerio de Industria, Energía y Minería, que difundirá públicamente los resultados de ahorro vinculados a este plan.
Los problemas energéticos de Uruguay comienzan a ser una preocupación para el Gobierno, que debe importar cada vez mayores cantidades de hidrocarburos cuando las centrales hidroeléctricas locales bajan su producción, encareciendo mucho la factura eléctrica del país.
Para afrontar estos problemas, el país está intentando diversificar su matriz energética, instalando plantas de energías renovables, al tiempo que busca importar gas boliviano e instalar una regasificadora.
Precisamente este proyecto, que en principio se iba a realizar en cooperación con Argentina, está siendo revisado por falta de respuesta del Gobierno de Cristina Fernández, que también está poniendo dificultades para permitir el paso de gas boliviano a Uruguay a través de su territorio.
EFE
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