El Ministerio Público inició esta investigación preliminar contra la principal accionista de la concesionaria Rutas de Lima, tras un pedido de la Procuraduría Pública de la Municipalidad de Lima, que acusa a la empresa de realizar lavado de activos en favor de Odebrecht.
El Ministerio Público abrió una investigación preliminar a la empresa Brookfield Infraestructura Group S.A.C., principal accionista de la concesionaria Rutas de Lima, por un presunto lavado de activos en el caso de los peajes.
Así lo dispuso el fiscal José Domingo Pérez Gómez, tras recibir una denuncia por parte del procurador público de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Carlos Enrique Cosavalente Chamorro.
El fiscal Pérez Gómez inició diligencias contra quienes resulten responsables, también declaró compleja la investigación y fijó el plazo de las diligencias preliminares por ocho meses. Además de que se notifique a los sujetos procesales.
Asimismo, dispuso tomar la declaración de procurador Cosavalente el próximo 15 de setiembre a la 9 de la mañana y luego de recibida se programarán los actos de investigación pertinentes y útiles.
Denuncia
El pasado 5 de agosto se conoció que el procurador municipal solicitó a la Fiscalía de Lavado de Activos que inicie una investigación por presunto lavado de activos contra la empresa Brookfield, pues señaló que “existen indicios” que dicho fondo de origen canadiense estaría incurriendo en dicho delito a favor de Odebrecht.
Este requerimiento se basa en un informe periodístico de 2017 en el cual, según el procurador, se señalaría que “los principales ejecutivos de Odebrecht, incluso Jorge Barata, se mantienen como apoderados de Rutas de Lima”.
También menciona la venta a Brooksfield del 57% de la participación de Odebrecht en Rutas de Lima, con lo que la empresa brasileña tiene el 25% y Sigma Safi el 18% de las participaciones. No obstante, señala que, tras la transferencia al fondo canadiense, Odebrecht continuó dirigiendo Rutas de Lima y seguiría a cargo del servicio e-pass de recaudación automática en los peajes.
"No se debe perder de vista que, si la empresa Brooksfield no compraba las acciones de Odebrecht en Rutas de Lima, estas acciones estarían embargadas el día de hoy, como consecuencia de los distintos procesos penales en giro en nuestro país en contra de la empresa brasileña", indica el petitorio.
Postura de Rutas de Lima
Desde Rutas de Lima expresaron su rechazo a la denuncia planteada por parte del municipio e indicaron que esta carece de sustento legal alguno y que solo busca difamar e intimidar a Brookfield, además de confundir a la opinión pública. Indicó también que esta medida es parte de las “acciones de hostigamiento y amedrentamiento” del municipio.
Señalaron que los artículos periodísticos en los que se basa la denuncia están sacados de contexto y representan una violación a las órdenes del Tribunal Arbitral Internacional, respecto de la suspensión del proceso de caducidad, así como para que se abstengan de agravar la disputa con manifestaciones públicas sobre el asunto y contra Rutas de Lima durante el trámite del arbitraje.
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