Carlos Rivera explicó el recurso que presentará ante la Corte IDH para anular indulto humanitario

Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) y ex defensor de los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, explicó a RPP Noticias el procedimiento que seguirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para anular el indulto humanitario otorgado por Pedro Pablo Kuczynski. “El argumento que presentaremos será que el caso Fujimori tiene la apariencia de un indulto humanitario, pero en verdad se trata de un indulto político que fue a cambio de la vacancia presidencial”.

Rivera explicó que los condenados por violaciones de Derechos Humanos no tienen una prohibición respecto a indultos humanitarios. “Partimos del elemento que los casos por los que fue condenado Alberto Fujimori, La Cantuta y Barrios Altos, fueron sentenciados también por la Corte IDH. La institución tendrá que abrir un proceso de supervisión de su propia sentencia emitida y luego, mediante una audiencia, la instancia determinará si convoca al Estado para debatir ambos argumentos”.

Ya ha habido casos previos en donde la Corte IDH intervino. Uno de ellos fue en el 2012, cuando el juez Javier Villa Stein indicó que el caso de Barrios Altos no era un crimen de lesa humanidad. “La corte también intervino a través de una audiencia de supervisión de cumplimiento y dispuso la anulación de la sentencia”.

Anulación y tiempo

El abogado indicó que de ser el caso la Corte Interamericana decida anular el indulto otorgado a Fujimori, el Estado igual está obligado a acatar esta norma. “Así sea una resolución suprema emitida por un presidente de la República, no es un obstáculo. La decisión de una autoridad pública que está contraviniendo la sentencia de un Tribunal Internacional”.

En cuanto al tiempo que podría durar todo este proceso, Rivera indicó que ya para el mes de abril del próximo año se podrá saber el dictamen del organismo. “El día de hoy estamos presentando el documento con todos los anexos. El siguiente paso es que la Corte pida un informe al Estado peruano información y luego convoque a una audiencia. El siguiente periodo de sesiones comienza el 28 de enero y termina el 9 de febrero. Si el organismo lo considera urgente, convocaría al Estado a una audiencia en un plazo que no pasaría de las 3 o 4 semanas”.