OCMA propuso a Junta Nacional de Justicia destituir a juez de la Corte de Lima por "excesivo retardo en trámites procesales"

La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) del Poder Judicial propuso ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la destitución de Edgard Cayllahua Conde como juez del Primer Juzgado de Paz Letrado de Pueblo Libre y Magdalena, de la Corte Superior de Justicia de Lima, por "inobservar inexcusablemente el cumplimiento de sus deberes judiciales".

Desde la OCMA indicaron que, según los cargos corroborados en su investigación, se encontraron en el despacho del juez expedientes pendientes de sentenciar, expedientes con proyectos de resoluciones pendientes de revisión y firma, pendientes de ser impulsados o resueltos, retardo en la calificación de denuncias, demandas y en general en la tramitación de los procesos a su cargo; todos ellos paralizados sin justificación.

Previamente, la OCMA visitó al juez en su despacho, le abrió procedimiento disciplinario y le exhortó a impulsar los procesos a su cargo, a causa de diversas quejas litigantes, quienes hicieron público su malestar. Sin embargo, el magistrado incumplió las recomendaciones, lo que ocasionó perjuicio al servicio de administración de justicia, y a las partes procesales de manera injustificada.

Incumplimiento de control a personal

El juez Cayllahua Conde también fue sancionado por la falta de control a su personal, pues como magistrado y director de procesos debió supervisar las labores de sus subordinados y, pese a que advirtió el incumplimiento de labores, no efectuó ninguna medida correctiva ni comunicó al órgano de control.

En esa línea, desde la OCMA elevaron ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial la propuesta de destitución en contra del servidor Miguel Ángel Bejarano Bringas, especialista legal de ese despacho por no cumplir con dar cuenta oportunamente al juez, escritos de materia laboral, familiar y penal, incurriendo en retardo.

Al respecto, la jefa de la OCMA dictó en contra de los citados una medida cautelar de suspensión preventiva para que no ejerzan ningún cargo en el Poder Judicial hasta que las instancias correspondientes resuelvan en definitiva sus situaciones jurídicas.