HRW denuncia "graves abusos policiales contra manifestantes" y pide garantizar justicia a víctimas

Human Rights Watch advirtió que la Policía Nacional del Perú "cometió numerosos abusos contra manifestantes", quienes en su mayoría protestaban de manera pacífica contra la destitución del entonces presidente Martín Vizcarra en noviembre de 2020. En ese sentido, pidieron al presidente Francisco Sagasti, al Congreso y a la Policía que promuevan reformas para garantizar que los agentes respeten el derecho a la reunión pacífica.

A través de un informe, HRW señala que las declaraciones de testigos y otras pruebas a las que tuvieron acceso indican que la policía empleó, de manera reiterada, "una fuerza excesiva contra los manifestantes". Sobre la base de lesiones presuntamente causadas por el impacto de cartuchos de gas lacrimógeno, concluyen que los agentes "emplearon armas antidisturbios de forma irresponsable y peligrosa".

A su vez, sostienen que las evidencias indican "de manera sólida y creíble" que la policía usó escopetas calibre 12 para disparar perdigones de plomo y canicas de vidrio directamente contra manifestantes, en violación de sus propios protocolos, que prohíben el uso de esas municiones.

"Hemos obtenido evidencias que indican que la policía empleó la fuerza de forma excesiva y negligente contra manifestantes que protestaban contra la altamente cuestionable destitución del presidente Vizcarra. El presidente Sagasti ha dado un paso importante al convocar una comisión para mejorar el desempeño policial. Ahora su gobierno debería liderar esfuerzos para impedir que vuelvan a cometerse abusos contra manifestantes pacíficos por parte de los propios policías que deberían protegerlos", dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

Frente a esto, Human Rights Watch recomendó a las autoridades peruanas:

• Asegurar una rendición de cuentas a través de procesos penales y disciplinarios por los abusos policiales ocurridos durante las manifestaciones de noviembre de 2020.
• Reformar el sistema disciplinario de la policía para garantizar independencia y transparencia.
  
• Revisar los protocolos, las prácticas, los equipos y la capacitación de la policía sobre manifestaciones.
  
• Prohibir el uso de policías vestidos de civil para infiltrar las protestas y detener a manifestantes.
  
• Derogar las leyes que protegen las prácticas policiales abusivas, incluida la “Ley de Protección Policial” de 2020 y la reforma de 2014 al Código Penal que prevé la inmunidad legal de los policías que maten o lesionen a personas “en el cumplimiento de su deber”. 

Recientemente, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, anunció la aprobación de la creación de una comisión multisectorial para el seguimiento de acciones a favor de los deudos y de las familias de los fallecidos en las manifestaciones de noviembre pasado.

En conferencia de prensa, la titular de la PCM precisó que la misión fundamental de este grupo "va a ser proponer recomendaciones integrales de apoyo desde el Estado a estas familias, así como las personas que han sido heridas en estas manifestaciones incluyendo la subvención económica".

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