Un estudio analizó documentos oficiales entregados por Chile en 2008 y 2009, pero el Ejecutivo omitió otros informes alternativos elaborados por la sociedad civil.
El Gobierno chileno omite
información relevante en los informes sobre la situación de los
Derechos Humanos en el país enviados a los organismos
internacionales, según reveló hoy el VII estudio anual sobre
Derechos Humanos elaborado por la Universidad Diego Portales.
El estudio analizó tres documentos oficiales entregados por parte de Chile en 2008 y 2009 a organismos internacionales, en los que según la universidad, el ejecutivo omitió otros informes alternativos elaborados por la sociedad civil, que permiten contrarrestar informaciones oficiales.
"Las autoridades estatales, a pesar de sostener un discurso que promueve la participación de la sociedad civil, en los hechos desatienden sus recomendaciones y omiten información crítica que es de interés para los órganos de tratado", sostiene el informe en alusión a los organismos internacionales involucrados en los convenios sobre derechos humanos suscritos por el país.
El texto también denuncia el que puede ser el primer caso de desaparición forzada en período de democracia, que se recuperó en 1990, en referencia a la detención, por carabineros, del menor José Huenante en Puerto Montt, el 3 de septiembre 2005, cuyo paradero sigue sin conocerse.
En marzo de 2009, tres funcionarios de la Policía militarizada fueron imputados formalmente por el secuestro y sustracción del menor y dados de baja de la institución, pero el informe denuncia que la investigación judicial no ha avanzado y que Carabineros de Chile no brinda la colaboración pertinente.
"(El caso) ha venido a rememorar prácticas propias del peor período de la dictadura militar: el drama de la desaparición forzada de personas, y de la falta de información y de respuesta oportuna de la justicia y la policía a las demandas de los familiares", reza el texto.
El director del Centro de Derechos Humanos de la universidad, Jorge Contesse, explicó en la presentación del informe que "si bien es posible destacar avances en áreas específicas, como el acceso a la información pública, el panorama general muestra que aún queda mucho camino por recorrer".
En cuanto al conflicto en La Araucanía, el informe concluye que la política del Gobierno no ha resultado exitosa y que la entrada en vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no ha logrado institucionalizar canales de participación que alejen el enfrentamiento entre autoridades estatales e indígenas.
El llamado "conflicto mapuche" se arrastra desde varios años en La Araucanía, donde comunidades indígenas reclaman como propias tierras que están en manos de empresas agrícolas o forestales. El Gobierno ha optado por una política de compra de tierras para ser distribuidas entre las comunidades.
Sin embargo, el estudio considera que Chile sigue consolidándose como referente internacional en materia de derechos humanos, especialmente tras convertirse en miembro del nuevo Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Entre las razones por las que Chile cambió su papel de observador a un rol más activo, figuran "la transición a la democracia, sumada a la potente historia personal de su Jefa de Estado, quien vivió en carne propia el terror del Estado". EFE
El estudio analizó tres documentos oficiales entregados por parte de Chile en 2008 y 2009 a organismos internacionales, en los que según la universidad, el ejecutivo omitió otros informes alternativos elaborados por la sociedad civil, que permiten contrarrestar informaciones oficiales.
"Las autoridades estatales, a pesar de sostener un discurso que promueve la participación de la sociedad civil, en los hechos desatienden sus recomendaciones y omiten información crítica que es de interés para los órganos de tratado", sostiene el informe en alusión a los organismos internacionales involucrados en los convenios sobre derechos humanos suscritos por el país.
El texto también denuncia el que puede ser el primer caso de desaparición forzada en período de democracia, que se recuperó en 1990, en referencia a la detención, por carabineros, del menor José Huenante en Puerto Montt, el 3 de septiembre 2005, cuyo paradero sigue sin conocerse.
En marzo de 2009, tres funcionarios de la Policía militarizada fueron imputados formalmente por el secuestro y sustracción del menor y dados de baja de la institución, pero el informe denuncia que la investigación judicial no ha avanzado y que Carabineros de Chile no brinda la colaboración pertinente.
"(El caso) ha venido a rememorar prácticas propias del peor período de la dictadura militar: el drama de la desaparición forzada de personas, y de la falta de información y de respuesta oportuna de la justicia y la policía a las demandas de los familiares", reza el texto.
El director del Centro de Derechos Humanos de la universidad, Jorge Contesse, explicó en la presentación del informe que "si bien es posible destacar avances en áreas específicas, como el acceso a la información pública, el panorama general muestra que aún queda mucho camino por recorrer".
En cuanto al conflicto en La Araucanía, el informe concluye que la política del Gobierno no ha resultado exitosa y que la entrada en vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no ha logrado institucionalizar canales de participación que alejen el enfrentamiento entre autoridades estatales e indígenas.
El llamado "conflicto mapuche" se arrastra desde varios años en La Araucanía, donde comunidades indígenas reclaman como propias tierras que están en manos de empresas agrícolas o forestales. El Gobierno ha optado por una política de compra de tierras para ser distribuidas entre las comunidades.
Sin embargo, el estudio considera que Chile sigue consolidándose como referente internacional en materia de derechos humanos, especialmente tras convertirse en miembro del nuevo Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Entre las razones por las que Chile cambió su papel de observador a un rol más activo, figuran "la transición a la democracia, sumada a la potente historia personal de su Jefa de Estado, quien vivió en carne propia el terror del Estado". EFE
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