El Ministerio Público pidió dejar sin efecto la orden de arresto contra los corsarios apoyados en un acuerdo firmado entre la Unión Europea y Kenia.
Los siete piratas somalíes que fueron capturados por el buque español "Marqués de la Ensenada" en aguas del Índico, serán llevados a Kenia, luego que quedara sin efecto la orden de prisión provisional ejecutada por la Fiscalía.
El cambio de criterio se apoya un convenio "firmado entre la Unión Europea y Kenia sobre las condiciones y modalidades de entrega de personas sospechosas de haber cometido actos de pirateria".
El cuaerdo refiere que "las personas que hayan cometido o se sospechen que hayan cometido actos de piratería o robo a mano armada en aguas de Somalía" podrán ser entregadas a un tercer Estado siempre que se respeten los derechos humanos para garantizar "que nadie sea sometido a la pena de muerte o tortura ni a cualquier otro trato cruel, inhumano o degradante". No obstante, según la información del Ministerio de Defensa, los siete piratas fueron detenidos en aguas internacionales del Golfo de Adén.
Esta decisión se produce sólo un día después de que la Fiscalía pidiese su encarcelamiento al considerar que España es competente para investigar los hechos. El Ministerio Público tuvo en cuenta para pedir el encarcelamiento de los siete "la gravedad de los hechos, que según el Código Penal español, constituirían inicialmente delitos de detención ilegal, robo con violencia y empleo de armas".
El cambio de criterio se apoya un convenio "firmado entre la Unión Europea y Kenia sobre las condiciones y modalidades de entrega de personas sospechosas de haber cometido actos de pirateria".
El cuaerdo refiere que "las personas que hayan cometido o se sospechen que hayan cometido actos de piratería o robo a mano armada en aguas de Somalía" podrán ser entregadas a un tercer Estado siempre que se respeten los derechos humanos para garantizar "que nadie sea sometido a la pena de muerte o tortura ni a cualquier otro trato cruel, inhumano o degradante". No obstante, según la información del Ministerio de Defensa, los siete piratas fueron detenidos en aguas internacionales del Golfo de Adén.
Esta decisión se produce sólo un día después de que la Fiscalía pidiese su encarcelamiento al considerar que España es competente para investigar los hechos. El Ministerio Público tuvo en cuenta para pedir el encarcelamiento de los siete "la gravedad de los hechos, que según el Código Penal español, constituirían inicialmente delitos de detención ilegal, robo con violencia y empleo de armas".
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