Justicia de Brasil redujo condena de Lula da Silva a ocho años y diez meses de cárcel

Tres de cuatro jueces de un tribunal de apelaciones de Brasil respaldaron este martes reducir la condena del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción pasiva y lavado de dinero de 12 años y un mes a 8 años y 10 meses de cárcel.

Este fallo, que no podrá ser revertido por el último magistrado del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), permitirá al exmandatario de izquierda, de 73 años, beneficiarse antes de fin de año de un régimen semiabierto, con derecho al trabajo diurno, de acuerdo con expertos judiciales.

Lula está en la cárcel desde el 7 de abril de 2018 y su defensa ha apelado a esta tercera instancia en lo penal con la intención de que sea anulada o al menos reducida la pena de doce años que el año pasado le fue impuesta por una corte inferior.

El caso se refiere a la primera condena dictada contra Lula en la segunda instancia, por corrupción pasiva y lavado de dinero, una vez que la Justicia consideró probado que recibió a modo de soborno un apartamento de tres plantas en la playa de Guarujá, en Sao Paulo, a cambio de favorecer a la constructora OAS en contratos con Petrobras.

Sobre Lula ya pesa otra condena a otros doce años de cárcel en un caso muy similar, pero dictada hasta ahora en primera instancia y no aún confirmada en la segunda. En ese proceso, el asunto se refiere a una casa de campo en el interior del estado de Sao Paulo, que también le habría sido entregada a título de soborno a Lula, quien además enfrenta otras seis causas penales por supuesta corrupción.

La propuesta de reducción de pena presentada por el instructor deberá ser analizada por los otros cuatro miembros de la Quinta Sala que, si acogen esa sugerencia, pueden dejar a Lula en condiciones de ser beneficiado con un régimen de prisión domiciliaria a partir del próximo mes de septiembre.

Desde que fue encarcelado, Lula permanece en una celda especial, de 15 metros cuadrados y adaptada a su condición de expresidente, en un edificio de la Policía Federal en Curitiba, ciudad del sur del país en la que tiene sede el tribunal a cargo de la operación Lava Jato contra la corrupción.

(Con información de AFP y EFE)